Desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, hoy más que nunca se evidencia en la dictadura castrista una gigantesca crisis humanitaria que se refleja en la decadencia económica, el atraso social, la miseria, la falta de oportunidades reales, la censura en internet, la falta de libertad de expresión y la represión al que piensa distinto. Vale decir, una sistemática violación a los Derechos Humanos.
En octubre de 2019, Miguel Díaz-Canel fue ratificado como presidente de Cuba con casi el 97% de los votos de los miembros de la Asamblea Nacional. Durante su presidencia no se han producido cambios en las políticas del gobierno sobre Derechos Humanos. El gobierno sigue llevando a cabo detenciones arbitrarias e intimida a quienes manifiestan críticas. Bajo su mandato, Cuba ha aplicado el Decreto-ley 370/2018 de “informatización de la sociedad”, que entró en vigor en julio de 2019. Un decreto-ley que prohíbe la difusión de información “contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”. En rigor, una normativa que multa y acosa a periodistas críticos, con confiscación de materiales de trabajo.
Entre enero y agosto de 2020, se produjeron 1.028 detenciones arbitrarias, según la organización Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid. Los funcionarios de seguridad casi nunca presentan órdenes judiciales para justificar la detención de los críticos opositores. En algunos casos, los detenidos son liberados tras recibir advertencias oficiales, que los fiscales pueden utilizar durante procesos penales posteriores para demostrar que existe un supuesto patrón de conducta delictiva. A menudo se realizan detenciones o se amenaza con esa posibilidad para impedir que las personas participen en marchas pacíficas o mítines políticos. Es común que los detenidos sufran golpizas, que reciban amenazas y permanezcan incomunicados por horas o hasta incluso días. Policías y agentes de seguridad del Estado siguen hostigando, maltratando y deteniendo a miembros de las Damas de Blanco (una organización fundada por esposas, madres e hijas de presos políticos).
En la censura comunicacional se restringe el acceso a información proveniente del extranjero. Según un informe de 2019 elaborado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Cuba tiene el “clima más restringido para el ejercicio del periodismo de América”. Unos pocos periodistas y blogueros independientes logran publicar artículos, videos y noticias en páginas web y redes sociales, como Twitter y Facebook. El gobierno obstaculiza sistemáticamente el acceso a muchos de estos sitios de noticias y blogs dentro de Cuba. En 2019, antes del referéndum viciado que avaló una nueva constitución, se bloquearon varios sitios de noticias considerados críticos del gobierno, como 14ymedio, Tremenda Nota, Cibercuba, Diario de Cuba y Cubanet. Y desde entonces, se ha continuado bloqueando varios sitios de noticias.
Los periodistas independientes, blogueros, influencers en redes sociales, artistas y académicos que publican información que se considera crítica del gobierno suelen ser víctimas de hostigamiento, violencia, campañas de desprestigio, restricciones para viajar, cortes de Internet, acoso en línea, allanamientos a sus viviendas y oficinas, confiscación de sus materiales de trabajo y detenciones arbitrarias. Es común que se los mantenga incomunicados durante las detenciones.
Entre septiembre de 2019 y marzo de 2020, el artista Luis Manuel Otero Alcantará fue detenido al menos 10 veces, a menudo sin cargos, por realizar intervenciones artísticas en las que usaba la bandera cubana mientras realizaba actividades cotidianas. El gobierno no permite que organizaciones independientes de Derechos Humanos puedan acceder a las cárceles en el país. Las organizaciones locales creen que la cantidad real de presos políticos es mayor, pero las restricciones limitan su capacidad de documentar los casos. Y en lo real, los magistrados judiciales están subordinados al Poder Ejecutivo y al Legislativo.
Las prisiones del país en general están sobrepobladas. Los presos son obligados a trabajar jornadas de 12 horas y reciben castigos si no cumplen las cuotas de producción preestablecidas. No existe en la práctica un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar reclamos por abusos. Aquellos que critican al gobierno, emprenden huelgas de hambre o recurren a otras formas de protesta a menudo son encerrados en celdas de aislamiento durante extensos períodos y sufren golpizas, restricciones a las visitas familiares y denegación de atención médica. Si bien el gobierno permitió que unos pocos miembros de la prensa extranjera elegidos específicamente realizaran visitas supervisadas a algunas prisiones en 2013, se continúa negando que organizaciones de Derechos Humanos internacionales y organizaciones cubanas independientes accedan a las cárceles.
En un informe de marzo de 2020 sobre la situación de los DDHH en Cuba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su consternación por la criminalización y la detención arbitraria de defensores de Derechos Humanos, la ausencia de espacios que permitan una participación política plural, la falta de independencia judicial y de garantías a la libertad de expresión. Por otra parte, el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana publicó un informe en donde se reportan y documentan violaciones a los Derechos Humanos en 957 personas tan solo en el año 2022.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles en la manifestación más multitudinaria contra el gobierno dictatorial desde la Revolución de 1959. Una gigantesca reacción en masa a raíz de las violaciones de los DDHH que sufre la isla desde hace décadas, la escasez de comida, medicamentos, y las medidas del gobierno ante la pandemia de Covid-19. La respuesta del presidente Díaz-Canel fue la represión, instando a cuadros del gobierno y a las fuerzas de seguridad a responder con violencia: “Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la Revolución”; “la orden de combate está dada” fueron sus tristemente célebres palabras.
Human Rights Watch entrevistó a más de 170 personas ubicadas en Cuba, incluyendo víctimas de abusos, sus familiares y abogados. Human Rights Watch también revisó documentos judiciales y corroboró fotografías y videos enviados directamente a los investigadores o publicados en redes sociales. Miembros del Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) del Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura (IRCT), una organización internacional integrada por reconocidos expertos forenses, emitieron dictámenes periciales sobre algunas evidencias de abusos. En su momento, la organización cubana de Derechos Humanos Cubalex reportó en su momento que más de 1.400 personas fueron detenidas, incluyendo más de 700 que todavía siguen privadas de la libertad.
Abusos contra disidentes políticos, arrestos arbitrarios, presos políticos, censuras. Ningún paraíso socialista. Cuba es claramente una dictadura que sigue violando sistemáticamente los Derechos Humanos. Una dictadura “políticamente correcta” que goza de buena prensa y propaganda por parte del marxismo cultural tan influyente e imperante en la educación, la cultura, los medios y las redes sociales.
Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.
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