ROSAS Y LAS ISLAS MALVINAS

La historiografía liberal masónica le achaca a Juan Manuel de Rosas haber querido “entregar” las Islas Malvinas a los ingleses. Así de contundente. Pero más que explicar un argumento (ya ni siquiera un sólido argumento) lo que se hace es difamar la figura del Restaurador de las Leyes producto del odio y del fanatismo que genera una ceguera ideológica. Y como estamos acostumbrados a que todo se saque de contexto, conviene aclarar este tema puntual de supuesta entrega rosista del archipiélago malvinero.

Como bien se sabe, la alevosa prepotencia colonialista británica se puso de manifiesto cuando el día 2 de enero de 1833, bajo el gobierno de Manuel Balcarce, llegó a las Malvinas la corbeta de guerra Clío. De manera insolente, su capitán Onslow intimó a las autoridades argentinas para que abandonaran las islas.

El día 3 bajó a tierra, arrió la bandera argentina e izó la inglesa. Como consecuencia, el gobierno argentino protestó inmediatamente ante el secretario a cargo de la legación británica, Felipe G. Gore, quien dijo “carecer” de instrucciones para contestar.

Frente a tamaño insulto al Pabellón Nacional se va a insistir en el reclamo el día 23 de enero de 1833. A su vez, Balcarce va a enviar una circular a todas las provincias esclareciendo sobre esa política expansionista inglesa.

El 17 de junio de ese mismo año Manuel Moreno (como ministro plenipotenciario del gobierno argentino) va a reclamar ante el atropello perpetrado directamente en Inglaterra y nada más ni nada menos que ante Lord Palmerston (Primer Ministro del Reino Unido).

Juan Manuel de Rosas, ya como Primera Magistratura Nacional desde 1835, siempre defendió en sus mensajes a la Legislatura los derechos argentinos sobre el archipiélago malvinero, formulando periódicamente explícitos reclamos a Gran Bretaña por la usurpación.

Mientras tanto, Sarmiento desde Chile se mofaba ante el Restaurador por tales reclamaciones, opinando abiertamente sobre la cuestión y dando a entender que el “estacionamiento” (frase del sanjuanino) de Inglaterra en las Malvinas era (más allá de la invasión) algo “útil” a la humanidad y al “comercio”.

Teniendo en cuenta la pesada deuda externa que recaía sobre nuestro país desde 1824 en adelante con la banca usurera inglesa Baring Brothers, los ingleses acudieron alocadamente a Rosas para poder cobrarla. Deuda en definitiva que quedó como “legado para la posteridad” gracias al “reformador” Bernardino Rivadavia.

Como dato significativo la garantía de cobro por dicha deuda era nada más ni nada menos que la tierra pública fiscal. En este sentido la Corona británica le va a insinuar a Rosas (según el historiador revisionista Adolfo Saldías) la entrega de las Islas Malvinas como forma de pago.

Atendiendo a la verdad histórica hay que señalar que Rosas estuvo de acuerdo con ello, pero con el siguiente gran detalle que se le escapa a los prejuiciosos historiadores liberales: Por nota oficial del 17 de febrero de 1843 la Confederación Argentina exigía que el gobierno inglés reconozca primero los derechos argentinos en las Islas Malvinas, para así el gobierno argentino seguir avanzando en la “propuesta” inglesa.

Y por nota del 20 de marzo de 1844 Rosas va a insistir con su propuesta de ofrecimiento de las Malvinas, haciendo significar siempre a Inglaterra sobre los derechos legítimos que asistían a nuestro país en todo el archipiélago malvinero.

Del lado argentino era la forma más eficaz para cubrir la agobiante deuda externa. Y aquí se impone la gran pregunta (que va a dejar en evidencia la astucia de Rosas): ¿Podría el gobierno inglés reconocer una usurpación realizada por ellos mismos? Tratándose de un país con tradición colonialista queda más que claro que no. De hecho, toda la “jurisprudencia” asentada por los ingleses y en referencia a sus potenciales enemigos en Europa se caería como un castillo de naipes.

Tal como lo señala Aníbal Röttjer en su obra “Rosas prócer argentino” después del gobierno de Juan Manuel de Rosas ni Urquiza, ni Derqui, ni Sarmiento, ni Mitre, ni Avellaneda se ocuparon del asunto. Recién en 1884, al protestar los ingleses porque en los mapas argentinos aparecían las Islas Malvinas como integrantes del territorio nacional, el presidente Julio Argentino Roca pidió antecedentes de la cuestión.

El legajo del archivo, caratulado de puño y letra de Rosas, fue presentado al presidente por el historiador Adolfo Saldías que lo tenía en su poder. Así pudo informarse Roca para reiniciar las protestas oficiales, protestas que periódicamente eleva la Argentina ante Inglaterra, interrumpidas desde la caída política de Rosas.

 

Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.

ROSAS Y LA TIRANÍA

El 16 de febrero de 1835 fue asesinado en Barranca Yaco, provincia de Córdoba, el principal caudillo federal del noroeste argentino, Facundo Quiroga, lo que constituyó un verdadero crimen de Lesa Patria. El historiador revisionista Ernesto Palacio señala en Historia de la Argentina: “La muerte de Quiroga provocó una gran conmoción en todo el país. En el primer momento se la consideró como el comienzo de un plan unitario para eliminar a los hombres prominentes de la Federación. En Buenos Aires, Maza presentó su renuncia. Los federales doctrinarios, que hasta entonces se resistían a aceptar los puntos de vista de Rosas sobre la necesidad de un gobierno fuerte, comprendían al cabo que no le faltaba razón”.

Y ante la gravedad de los hechos sucedidos -en el marco de la guerra civil entre unitarios y federales-, el 13 de abril de 1835 Juan Manuel de Rosas asumió la Primera Magistratura Nacional con la Suma del Poder Público. Un gobierno decididamente fuerte y sin ningún tipo de dubitaciones ante la difícil hora que se vivía. Vale decir, si Rosas hubiera ejercido el gobierno con debilidad en esta terrible época que le tocó gobernar, las conspiraciones y los motines se hubieran sucedido a diario. Por consiguiente se hizo más que necesaria establecer una vigilancia extrema para contrarrestar la sorda y criminal campaña unitaria. La Sociedad Popular Restauradora, también conocida con el nombre de Mazorca, surgió hacia mediados de 1834 y fue el cuerpo de orden público elegido por el Restaurador que trabajó en estrecha colaboración con las autoridades policiales.

Como entidad amante del orden y de respeto hacia las autoridades gubernamentales se dio a la tarea de combatir el accionar conspirativo y siempre activo. La Mazorca no fue una banda de asesinos o cosa que se le asemeje al servicio del Restaurador como falsamente se lo quiere dar a entender. Fue la consecuencia de un momento sumamente difícil por las constantes agresiones externas que sufría la Patria y por la conspiración unitaria.

Lógicamente que hubo desbordes de pasiones, pero en 17 años de gobierno rosista no se ejecutó ni se estableció la pena capital a tantas personas como sí ocurrió en tan sólo tres días de ocupación y saqueo por parte de las tropas “libertadoras” del General Justo José de Urquiza al entrar en Buenos Aires luego de producida la batalla de Caseros (3 de febrero de 1852). La Sociedad Popular Restauradora siempre estuvo dirigida por la aristocracia, léase el patriciado argentino. ¿Por qué el patriciado? Porque el Federalismo Argentino siempre fue la expresión genuina de la estirpe y de la tierra, al contrario de la facción unitaria que siempre constituyó una oligarquía mercantil siempre funcional a los intereses de la Corona Británica. 

Que Rosas haya encarnado una tiranía o un régimen sangriento es falso. Bastaría para demostrarlo un simple análisis de estadísticas demográficas de la época. Por ejemplo, de 1835 a 1852 los nacimientos superaron en no menos de un 30% a las defunciones. Yendo a un plano conceptual, la tiranía existe cuando en tiempos de paz y de orden surge inesperadamente un hombre que desgobierna, que viola las leyes, que dispone de los bienes y de las personas como cosa propia y a su arbitrio. 

Los fusilados por Rosas siempre fueron rebeldes y conspiradores que una y otra vez se levantaron contra la autoridad legítima. En tal sentido siempre se aplicaron las leyes españolas (todavía vigentes), tales como ‘Las Partidas’ y la ‘Novísima Recopilación’. El punto álgido de la Historia Oficial para sistematizar el concepto de “tiranía” se apoya en los dos grandes “meses de terror rosista”, una suerte de asesinatos colectivos supuestamente dispuestos por el Restaurador. El primero de los “meses de terror” se sitúa en octubre de 1840. ¿Qué ocurrió realmente en este mes y año? El momento era dramático: Apenas se supo en Buenos Aires del avance del ejército del General Juan Lavalle para derrocar a Rosas -con apoyo de la escuadra naval francesa y de los unitarios- se produjo una psicosis colectiva entre los federales, temerosos de perder la vida en caso de triunfar los invasores. El país vivía dos años y medio de bloqueo francés como así también diferentes focos de conflictos e insurrecciones, como el levantamiento de los estancieros del sur y la inestabilidad política en la Mesopotamia.

La ofensiva del General Lavalle en Entre Ríos, el embarque de los rebeldes  “libertadores” en la escuadra extranjera, su inminente invasión a Buenos Aires y la amenaza de ataque del almirantazgo francés en combinación con el ejército lavallista habían contribuido a colmar la tensión nerviosa de los habitantes de la ciudad. Durante el mes de octubre de 1840, al producirse la estrepitosa retirada de Lavalle, federales fanáticos empezaron la cacería y asesinaron a veinte personas. Son crímenes espontáneos y colectivos en los cuales nada tiene que ver la Sociedad Popular Restauradora. Es el populacho exaltado y el malevaje.

Uno de los máximos detractores de Rosas, José Rivera Indarte, reconoce en sus “Tablas de Sangre” que en tal “terror” sólo hubo veinte asesinatos. Rosas, ausente de la ciudad de Buenos Aires por encontrarse en Santo Lugares para defender a la Nación del ataque de Lavalle, nunca incitó esos crímenes. Fueron venganzas personales ajenas a la política y producto del populacho, efecto de una locura colectiva y de una convulsión general vivida. Rosas, una vez firmada la paz con Francia el 29 de octubre de 1840, estableció el 31 del mismo mes desde Morón el siguiente decreto: “Se castigará con severas penas a cualquier individuo que atacase la persona o propiedad de argentino o extranjero sin expresa orden escrita de autoridad competente. El robo y las heridas, aunque fuesen leves, serán castigados con la pena de muerte”.

El otro “mes de terror” se produjo en abril de 1842, siendo la situación parecida: Rosas se encontraba ausente de la ciudad ya que preparaba su ejército para oponerse al General Paz (como antes lo había hecho con Lavalle). Benito Hortelano, periodista, editor y escritor español, presente en Buenos Aires para esa época, escribió en sus Memorias que los asesinatos de octubre de 1840 y de abril de 1842 llegarían tal vez a ochenta. Todavía seguía existiendo en la ciudad una psicosis colectiva, un real cansancio y desesperación por las guerras que parecían inacabables. Se creyó que el tratado de paz con Francia, que la muerte de Lavalle y demás cabecillas unitarios traerían la paz tan anhelada, cosa que finalmente no ocurrió, y por tal motivo la tensión fue en aumento estallando nuevamente.

Los desmanes, degüellos y asesinatos del lado federal estuvieron una vez más a la orden del día. Pero al tomar conocimiento de tales hechos, Rosas envió a su edecán el 19 de abril de 1842 una terminante orden para la jefatura de Policía, para el coronel Ciríaco Cuitiño, comandante del escuadrón de Vigilantes de Policía, y para el mayor Nicolás Mariño, vicepresidente del Cuerpo de Serenos. La orden manifestaba “el más serio y profundo desagrado por la bárbara y feroz licencia”, ordenando “se patrulle la ciudad y los suburbios tanto de noche como de día”, debiendo “mandar a la cárcel pública, con grillos, a los asesinos o sospechosos que se encuentren”.

A la Sociedad Popular Restauradora le cupo la misión de reprimir estos desórdenes populares. La publicación Archivo Americano, en su número 6 del 31 de agosto de 1843 salió a la defensa de la verdad histórica contra las calumnias de los unitarios afirmando: “Este fue el papel honroso que desempeñaron (los mazorqueros) en los meses de octubre (de 1840) y de abril (de 1842), cuyos desórdenes le han sido imputados (…). Las familias más expuestas al odio público solicitan con confianza el auxilio y amparo de esta sociedad a quien la prensa de Montevideo ha dado por escarnio el nombre de Mazorca, mientras muchos unitarios le deben la vida (…). La Sociedad Popular no es otra cosa que una reunión de ciudadanos federales, vecinos y propietarios, amantes de la libertad, del honor y de la dignidad de la patria”.             

La Historia Oficial -de cuño liberal-masónica- siempre nos ha enseñado que los caudillos federales del siglo XIX fueron ignorantes y bárbaros, cuando no los principales responsables (o los únicos) de la violencia política en nuestro país. Rosas no representó ninguna tiranía como burdamente se sostiene. Si bien concentró el poder de manera total y omnipresente –producto del terrible momento que vivía el país– encarnó un gobierno de raigambre popular. Y previo a la toma del poder con las facultades extraordinarias (otorgadas legalmente por la Legislatura porteña) al Restaurador lo plebiscitaron con el voto del pueblo de Buenos Aires. Cuando el desorden, el terror y el asesinato unitario estaban a la orden del día ¿podía un gobernante de bien permanecer indiferente y no aplicar todas las medidas de rigor al alcance de la mano y según las disposiciones legales? Claramente no. 

Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.