PRAXIS DE LA ECONOMÍA ORGÁNICA NATURAL

 

La economía orgánica -como concepción anti-individualista y anti-liberal-, se fundamenta en su paradigma “el Bien Común debe prevalecer sobre todo bien privado”. Rompe con los esquemas económicos materialistas liberales y marxistas. El capital debe estar siempre subordinado a la Soberanía de la Nación, y no el capital ser el amo de la Nación bajo un paraguas internacional o bajo lo que vulgarmente se conoce como “leyes del mercado”. Bajo el actual sistema económico capitalista el pueblo vive para la economía y la economía se halla al servicio del capital agiotista-especulativo internacional. Las inversiones extranjeras pueden ayudar al crecimiento de un país, de ello no cabe la menor duda, pero es falaz el argumento de que las inversiones extranjeras son “vitales” y “únicas” para que la Nación salga adelante (discursos de izquierdas a derechas si los hay).

¿Qué debe realizar entonces un Estado que asume con fuerte decisión poner en práctica una economía orgánica natural? Siendo fiel a esa ética y moral social anteriormente señalada, lo primero será atender lo urgente, lo lastimoso e indigno de la Nación generado pura y exclusivamente por políticos miserables: Atender a la masa de desocupados, pobres, indigentes y jubilados mal retribuidos en todos sus años de aporte. Arbitrar los medios para poner a trabajar y capacitar a los desheredados bajo un estratégico y estructural plan de obra pública a lo largo y ancho del país, como así también generando subsidios genuinos para trabajos en el sector privado. Ello en lo inmediato.

En lo estratégico y de fondo, establecer un patrón de emisión monetaria Peso-Trabajo en donde sólo se emita dinero para pagar el trabajo realizado (mecanismo dinamizador de la economía que no genera inflación). El respaldo de esa emisión monetaria se apoya en el trabajo productivo y en la riqueza real de la Nación. Este patrón monetario termina así con el descalabro de que siempre se va a depender de una permanente entrada de dólares para que no se devalúe la moneda nacional, lo que equivale a cortar de raíz el accionar de parásitos especulativos, de la Alta Finanza globalista que por el motivo que sea siempre fugan dólares. La Internacional del Dinero no tiene Patria.

¿Cómo se puede implementar lo anterior si no se posee un Real Señorío de lo Propio (al decir de Jordán Bruno Genta)? Para cortar con esa economía de gobiernos gerenciadores del más crudo capitalismo (tecnócratas de la plutocracia internacional), la clave estará en cortar de raíz el agio especulativo estableciendo con fuerza de ley la figura de ‘terrorismo económico’ para el interés (la usura), para todo crecimiento de dinero que se realiza sin el más mínimo esfuerzo productrivo. Lo segundo, y en paralelo, será nacionalizar los resortes vitales del funcionamiento de una economía, pero no en un sentido colectivista burocratizante (al más puro estilo comunista o filo-comunista) sino en el sentido de regir una economía para que la misma sea orgánica, natural, en función de intereses estratégicos de crecimiento geopolítico.

La palabra de orden es PROTEGER. ¿A quién concretamente? A los habitantes que hacen grande al país. ¿De quién? Del capital internacional y sus “leyes”. En este sentido cobra vital importancia el establecimiento de un férreo proteccionismo industrial, que a modo de ejemplo puede inspirar mucho la Ley Nacional de Aduanas establecida bajo el gobierno del Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas (ley sancionada en diciembre de 1835). Un proteccionismo ajustado solamente en aquellos productos que el país es capaz de fabricar, garantizando así su desarrollo como otra de las grandes metas prioritarias. Ello arrastraría a un comercio exterior que exportaría producción nacional, valor agregado. Y en tal sentido, una de las grandes falacias de los economistas y políticos liberales es hacernos creer que las grandes potencias mundiales son liberales y no proteccionistas.

¿Qué función cumplirían entonces los bancos? A diferencia de la banca usurera ya conocida, los “bancos nacionalistas” se desarrollarían sobre principios ético-económicos-legales, siendo un sistema financiero diferente basado en la solidaridad y la moral hacia el compatriota y no puesto al servicio del individualismo egoísta capitalista. Tendrían como primera norma la prohibición de pagar y de recibir interés por el dinero. Establecer un sistema de crédito justo que permita el desarrollo de la economía, valga decir, la captación de capital en depósitos diversos; inversiones lícitas productivas en función de las reales necesidades de la Nación; distribución de utilidades y/o pérdidas.

El banco se estaría asociando con un determinado capital con un trabajador, prestándole dinero sin interés para un emprendimiento determinado, con una distribución fija de las utilidades para ambas partes. En caso de pérdidas, o quiebra, el banco pierde el capital y el trabajador su esfuerzo o trabajo. Ambos pierden. En caso de ganancias se distribuye proporcionalmente el capital invertido. Los depósitos se pueden atraer a estos bancos nacionalistas ofreciendo incentivos: Dar algo, en dinero o en especie, por los depósitos libres de interés (depósitos libres de usura); ofrecer a los depositantes reducción o exención en el pago de cargos por los servicios del banco; dar prioridad a los depositantes en las facilidades que brinda la institución bancaria.

En paralelo, se hará vital sancionar una ley de prohibición de endeudamiento hacia el extranjero (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial u otro órgano internacional globalista), desterrando para siempre esa cultura de endeudamiento que tanto daño le ha hecho al país. En todo lo señalado la Argentina se inserta con su estructural y parasitaria Deuda Pública Nacional, con el agravante de que la Deuda Externa se contrajo de manera ilegítima e ilegal conforme al histórico fallo de la justicia argentina del 14 de julio de 2000, deuda originada desde el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) y que creció de manera exponencial con los sucesivos gobiernos civiles pseudo-democráticos desde 1983 en adelante. Así como están los esclavistas están los pagadores seriales que históricamente han rendido tributo a los jerarcas de la Usura Internacional. La Deuda Externa se deberá pagar en lo lícito que se deba pagar, no es su estafa.

El Estado nacionalista debe buscar un equilibrio entre lo público y lo privado. Debe dejar de crecer por crecer, debe terminar de ser elefantiásico, burocratizante, lleno de personas que no cumplen un verdadero rol de trabajo, lleno de parásitos. Debe cortar partidas presupuestarias innecesarias (muchas de ellas verdaderas roscas políticas), debe buscar siempre el superávit fiscal como también meta prioritaria y equilibrio ordenador de cuentas públicas. Cortar con la cultura de gastar sin medir el endeudamiento que ello genera. Como consecuencia, al haber cuentas públicas equilibradas se podrá realizar la eliminación de impuestos innecesarios, degradantes, y de esta forma se podrá implementar otra medida fundamental: El establecimiento de una carga impositiva básica y progresiva.

  

Para un Estado que pone en práctica una economía orgánica natural, la tierra no es una mercancía ni un simple factor de producción, es una parte vital en la vida de cada uno de los pueblos. Tampoco es un bien de renta, es un bien de trabajo. A su vez, campesino es todo aquel que trabaja su terruño de manera incondicional y por arraigo. Por consiguiente, el título honorífico de “campesino” debe corresponder por derecho propio a todo aquel argentino vinculado a su tierra. El ciclo económico debe respetar siempre las etapas de producción, industrialización, comercialización y consumo. De nada valdría a los chacareros producir si en el país no hubiera consumo o si la exportación no insumiera al remanente de su producción. 

De lo anterior se plantean las siguientes ideas-fuerza: Adquisición de tierras productivas para argentinos; prohibición de su utilización para la especulación financiera o para generar cualquier tipo de renta sin trabajo, aboliéndose las hipotecas de tierras a prestamistas privados; fomento de asociaciones cooperativas para el comercio mayorista de productos primarios, precios, suministro de maquinarias u otros elementos para el desarrollo rural; formación y capacitación profesional adecuada; otorgamiento de créditos estatales para el desarrollo productivo rural; nacionalización o expropiación –según el caso– de tierras en posesión de no-argentinos agiotistas; establecimiento de un férreo proteccionismo arancelario en defensa de la producción primaria local.

Es el Capital Humano, el Pueblo, el mayor activo para lograr y mantener grados de libertad e independencia sobre los intereses extranjeros financieros colonialistas. Es el Capital Humano formado no solamente en aptitudes técnicas o científicas, que son fundamentales para el desarrollo económico, sino también en valores humanos y culturales, en la conservación de las tradiciones; en un Estado que tiene la obligación moral de privilegiar el desarrollo humano, de hacer realidad un Pueblo fuerte y digno, de poner en práctica con escoba de hierro una economía orgánica natural.

Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.

TEORÍA DE LA ECONOMÍA ORGÁNICA NATURAL

 

La economía no debe considerarse como un ente autónomo o como un proceso natural que se desarrolla según sus propias leyes. Debe ser entendida e interpretada simplemente como un medio, una herramienta para arribar a un fin. En lo inmediato, su finalidad reposa en la satisfacción de necesidades humanas, no en la rentabilidad (hoy por hoy lo único decisivo para la producción de bienes). En lo fundamental, y de fondo, es aquella que genera por su propio accionar la grandeza espiritual, ética, moral y física de un Pueblo.  

En abierta oposición a la ideología del liberalismo, toda economía sana debe rechazar el concepto individualista de ganancia monetaria y de rentabilidad como fines económicos absolutos en sí. Abrazar estos paradigmas capitalistas equivaldría entonces a negar el interés de la Comunidad y considerar el interés especulativo y agiotista del gran Capital. La vida económica (como la vida humana misma) solo debe ser concebida en Comunidad. Y toda Comunidad solamente puede desarrollarse si dentro de ella cada miembro se compenetra con espíritu de sacrificio, vale decir, si cada compatriota se desenvuelve con visión de conjunto.

Como consecuencia de lo anterior, la política económica representa una doctrina de servicio, de valor y de energía que saca sus fuerzas de las entrañas mismas del Pueblo. Por eso a toda actividad económica le debe competer el desarrollo de todas las fuerzas éticas, morales y anímicas de la Nación. No se trata entonces de que la economía procure sacar ventajas en los individuos, tampoco de poner en primer lugar la mejor y más barata provisión de bienes materiales, sino que estén decididamente en primera línea la Dignidad de todos, la Independencia y el Honor Nacional. La economía se concibe como una creación cultural formada por una libre decisión de la humanidad. Reposa en el libre arbitrio del libre querer de los hombres.

 

Una economía orgánica es aquella en donde el Pueblo no vive para la economía y la economía no se subordina a la rapiña y expoliación del Capital Internacional, sino muy por el contrario: es el Capital el que sirve a la economía, y la economía la que sirve al Pueblo. Este es el motivo por el cual debe subordinarse a un Estado (garante de lo anterior). Se desprende así que el Estado no actúa “porque sí” sino que lo hace por ser el regulador, el conductor y guía de esa economía ética-social en su totalidad.

Toda política económica siempre será correctamente dirigida si las medidas estatales sostienen y fortalecen los valores de la nacionalidad. No se trata, entonces, de que la economía procure ventajas a los individuos. Tal como lo sostuviera en su momento el Papa Pío XII (1876-1958), el hombre como persona tiene derechos que deben ser defendidos contra cualquier atentado contra la Comunidad que pretendiese negarlos, abolirlos o impedir su ejercicio. El verdadero Bien Común se determina en el equilibrio entre el derecho personal y el vínculo social.

Por consiguiente, el gran paradigma rector deberá siempre ser “el Bien Común debe prevalecer sobre todo bien privado”, lo que debe entenderse en el sentido de que el natural interés por la ganancia no debe lesionar o despreciar (tan siquiera mínimamente) el Bien Común, el Bien del Estado y el interés de la totalidad. Se debe apuntar, y con exigencias rigurosas, a una conciencia ética y moral de los que actúan en la vida económica. Se suman como presupuestos básicos el reconocimiento de la propiedad y el respeto por la libre iniciativa creadora, en rechazo abierto a toda idea de socializar desde un Estado burocrático y elefantiásico, cuanto no dictatorial, la mecánica de la producción.

La noción de ´Bien Común´, ausente el individuo como sujeto de derechos inalienables, queda enmarcada en las condiciones que favorecen el ordenamiento vital de la Comunidad, en donde otro paradigma rector se impone: “Derecho es lo que beneficia al Pueblo; injusticia es lo que lo daña”. Se subordina toda iniciativa económica individual a las exigencias vitales de la nación descritas. Se “colectiviza” solamente la sustancia del derecho. A su vez, la personalidad libre, creadora y responsable debe ser el fundamento de toda la conducción económica del conjunto. Pero esa personalidad libre y creadora no tiene derecho a pensar solamente en sí misma. Debe subordinarse sí o sí en los más elevados fines estatales en el terreno económico.

La economía orgánica parte entonces de una concepción anti-individualista de la vida social y económica. El individuo por sí sólo no representa nada sino como miembro de una multiplicidad y de una totalidad supraindividual, de la Nación, del Estado; de la exigencia de la estructuración orgánica de la economía en el Estado. Por eso son fundamentales los factores morales y culturales en la consideración de la economía, y a la vez el rechazo de esa consideración de la economía que hace hincapié en una libertad individualista desapegada de las manifestaciones de la cultura y del devenir de la vida misma.

Tanto la ética económica como la conciencia de la unión nacional deben compenetrar la totalidad de la economía. Para ello debe haber un Despertar del Espíritu dentro de la mismísima Comunidad, debe haber un espíritu económico, una ética económica, una formación de la conciencia de la responsabilidad hacia la totalidad. Un desarrollo hacia el futuro, fluido y pleno de sentido partiendo de un pasado. La condición determinante también sería que tanto el Capital como el Trabajo -con las características de la actualidad, en estrecho y mancomunado abrazo- sean el motor de la grandeza de la Patria.

 En definitiva, para que exista una economía orgánica natural deben existir requisitos éticos vitales impulsados por un Estado con profunda sensibilidad social, para llevar al Pueblo a un nivel de vida superior en el sentido amplio y pleno de realización: La instauración de un verdadero Orden ético-social-económico nacionalista.

Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.

EL PATRÓN PESO-DÓLAR Y EL PATRÓN PESO-TRABAJO

 

El anclaje de la moneda nacional al Dólar es lo que comúnmente se denomina “tipo de cambio”, vale decir, la relación que existe entre el valor de una moneda local y el de una extranjera, o expresado de otra forma, la cantidad de dinero que se necesita para poder comprar una unidad de moneda extranjera, en este caso la moneda más fuerte del mundo. En ese anclaje existe una dinámica intrínseca por la cual la divisa de un país sistemáticamente se devalúa frente a la poderosa divisa norteamericana (patrón de pago internacional luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial).

¿Quién fija el tipo de cambio bajo la economía capitalista? En teoría se nos dice habitualmente que el tipo de cambio es el resultado del equilibrio entre la demanda y la oferta de divisas. Los que demandan moneda extranjera vendrían a ser los importadores de mercaderías y servicios, los particulares por ahorro, el turismo, la especulación y el propio Estado. A su vez, la oferta de divisas la proveen los exportadores, la entrada de capitales para invertir, el ingreso de moneda extranjera por parte de particulares y el Estado. En Argentina, el tipo de cambio es fijado históricamente por el Banco Central.

¿Qué efecto se produce entonces si no hay una oferta “óptima” de divisas? ¿Qué ocurre si no hay entrada de capitales para invertir, si no hay dólares para “ofertar”? Al romperse el equilibrio entre oferta y demanda entonces se produce una devaluación de la moneda local. Y los efectos de este sistema de devaluación son letales: Desaceleración, estancamiento y crisis de la economía, inflación, precarización laboral y desocupación, lo que lleva consecuentemente a la pobreza y la indigencia.

Para terminar con ese descalabro, de que siempre se va a depender de una permanente entrada de dólares para que no se devalúe la moneda nacional, el sistema del Patrón-Dólar debe ser reemplazado por un sistema diferente, no estrictamente monetario. Esto equivaldría a cortar de raíz el accionar de parásitos especulativos, de la Alta Finanza globalista que por el motivo que sea siempre fugan dólares, ya que el capital agiotista y la Internacional del Dinero no tienen Patria.

Para el actual sistema capitalista del Patrón-Dólar es el Capital el que produce la riqueza, mientras que para una economía estrictamente nacionalista y con pleno ejercicio de Soberanía, un Patrón-Trabajo es es aquel en donde pura y exclusivamente el Trabajo es el que produce la riqueza. Cada uno de los miembros de una Comunidad Nacional son los que tienen la capacidad de siempre crear productividad en beneficio del Pueblo. De esta manera el sistema del Capital puesto en función social del Patrón-Trabajo sólo emite moneda para pagar un trabajo realizado.

¿En qué estaría respaldada la moneda de un país bajo este sistema? Simplemente bajo el trabajo productivo y la riqueza real de la Nación, y no, como en el actual sistema económico que nos rige, por una moneda extranjera y en base a la falacia de la "confianza de los mercados". La masa monetaria de un país debe ser exactamente igual a la riqueza real y tangible de dicho país y no que haya más dinero o menos dinero que bienes y servicios disponibles. Si el Estado lleva adelante una política de creación de dinero primero debe crear riqueza, o sea, trabajo. Bajo una economía netamente capitalista se crea dinero para “financiar” obras, mientras que en una economía nacionalista primero se pone el acento en trabajar en las obras, y al existir ese trabajo físico y real entonces se emite dinero en la medida que la obra de trabajo queda terminada, dinero emitido cuyo fin excluyente es pagar al trabajador.

Por consiguiente, mientras en los países capitalistas si no hay dinero no hay trabajo, bajo una órbita económica de Patrón-Trabajo si no hay dinero de antemano no importa, porque la mirada se puntualiza en la voluntad de generar riqueza desde lo productivo (funcionamiento de fábricas), y por ende el dinero aparece y es emitido (retribución económica por el trabajo realizado). Bajo este sistema el control de la emisión de la moneda lo lleva adelante el Estado y no los banqueros, no el “mercado”. La masa monetaria circulante aumenta conforme al valor real de una obra realizada.

El dinero no tiene valor por sí mismo, sólo es un bono por trabajo efectuado, una mera herramienta para facilitar el intercambio de trabajo, bienes y servicios. Nadie puede ponerse a crear dinero si el mismo no representa operaciones comerciales susceptibles de ser realizadas o si no representa una riqueza real creada. Por eso el Patrón-Trabajo es el modo más eficaz de saltarse los mecanismos de aquellos que emplean la emisión de dinero como una herramienta de dominación especulativa.

Si el Estado crea dinero para pagar a un trabajador que produce algo, entonces el aumento de la masa monetaria no tendría por qué repercutir en un aumento de la inflación ya que también se han aumentado en la misma medida los bienes disponibles producidos. Mientras el dinero esté respaldado por un activo tangible no puede existir nunca esa aberración económica llamada inflación, aberración típica de economías plutocráticas capitalistas y colectivistas (capitalismo de Estado).

Esta es la razón por la cual el capitalismo se denomina así, porque sin capital no se puede empezar ninguna actividad económica, lo que es falso. En su ideología de base el dinero es la medida de todas las cosas. Lo mismo ocurre con el enfoque teórico del marxismo que postula que por más que existan los factores productivos de la tierra y de la mano de obra si no existe el otro componente esencial (en su visión) que es el capital (el dinero), entonces ocurre lo mismo, la actividad productiva no se lleva adelante. En tal sentido, tanto el capitalismo como el marxismo son dos caras de una misma moneda: El Poder Mundial del Dinero.

El sistema económico nacionalista del Patrón-Trabajo es vital, porque su esencia consiste en ser una herramienta de intercambio de trabajo, bienes y servicios. Es sólo el Trabajo el que puede crear riqueza (y no el dinero), que de ponerse en práctica terminaría para siempre con la avaricia de los grandes banqueros internacionales que esclavizan a los pueblos con el manejo de sus economías, vale decir en esencia, con el sistema del Patrón-Dólar y con la cultura del endeudamiento permanente.

Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.

EL INTERÉS DEL DINERO COMO SISTEMA DE ESCLAVITUD

Bajo el actual sistema plutocrático-capitalista, la fuerza invisible operante del dinero es el mammonismo, vale decir, la disposición exagerada y desmedida del individuo en cuanto a su instinto adquisitivo. Es por ello que el capitalismo como sistema no tiene ética ni se ajusta a ideales de justicia, de democracia o retribución justa dentro del campo de las actividades económicas. Una concepción de vida orientada pura y exclusivamente hacia los valores materiales.

El motor de este despótico sistema es el interés, una práctica inmoral por la sencilla razón de que genera dinero de la nada y sin ningún tipo de esfuerzo productivo. A través de la antiquísima práctica del préstamo, el capital financiero tiene una perversa dinámica que consiste en multiplicarse de la nada y de manera exponencial. En ese efecto multiplicador son las finanzas especulativas las que crecen cada vez más y en muy pocas manos. Una práctica que con el paso del tiempo fue degenerando en una cultura de endeudamiento como si fuera algo común y corriente.

El interés del dinero es una epidemia devastadora, un veneno corrosivo, el invento diabólico por excelencia del Globalismo. ¿Por qué es un sistema de esclavitud? Porque posibilita la vida de zángano de una minoría poderosa a través de parasitarias e impagables deudas externas, todo ello a costa del trabajo y del sudor de los Pueblos. Es la principal herramienta de dominación del Nuevo Orden Mundial, una suerte de gran pulpo expoliador cuyos tentáculos asfixian a las naciones. No por nada el célebre escritor ruso León Tolstoy (1828-1910) afirmó en su momento: “El Dinero es una nueva forma de esclavitud, distinguible de la antigua única y simplemente por el hecho de que es impersonal, es decir, que no hay relación humana entre el amo y el esclavo”.

El globalismo capitalista comparte junto con la ideología marxista la “función” del Dinero. En su obra El Cerebro del Mundo (Ed. del Copista, pág. 121), el prestigioso analista geopolítico Adrián Salbuchi sostiene: “Un paradigma del capitalismo de libre mercado consiste en considerar que el dinero no es sólo un mero medio de intercambio en la economía, sino que también tiene un valor intrínseco en sí. Por ende, se lo puede comerciar como una mercancía más según supuestas ´leyes´ del mercado, con la diferencia de que debido a que el dinero es una abstracción, sus posibilidades de crecimiento resultan infinitas”.

“La economía natural y el sentido común sin embargo dictan que el dinero es -o debiera ser-, tan sólo un medio para facilitar la actividad económica. El marxismo jamás fue otra cosa que un burdo capitalismo de Estado, lo que explica por qué jamás cuestionó este paradigma fundamental capitalista respecto de las funciones del dinero. Consecuentemente, el marxismo tampoco cuestiona el concepto del interés sobre el dinero que conforma otra de las claves que ha permitido el gran auge del actual poder parasitario de la globalización financiera”. 

La deuda tiene una sola lógica, la lógica del interés –o de la usura que es lo mismo–, en donde el acreedor usurero lo único que busca no es que el deudor pague (como erróneamente se cree) sino hacer crecer más y más el monto a cobrar. Dominar a un Estado a través de su incapacidad económica al no poder afrontar las obligaciones de pago hace que haya un mecanismo de refinanciación de deuda para “salvar” las obligaciones vencidas a corto plazo. Pero tal refinanciación significa acordar por un nuevo interés, convirtiéndose esta práctica en un círculo vicioso siempre a expensas del deudor y siempre a favor de las fabulosas ganancias del acreedor. Un sistema armado de deuda perpetua. Y esta es la esencia del actual sistema capitalista individualista: El ansia insaciable de lucro, la dominación de las naciones con deudas cada vez más grandes y abultadas por parte de los verdaderos parásitos y sanguijuelas de este sistema de esclavitud, los grandes banqueros internacionales.

En todo lo señalado la Argentina se inserta con su estructural y parasitaria Deuda Pública Nacional, con el agravante de que la Deuda Externa se contrajo de manera ilegítima e ilegal conforme al histórico fallo de la justicia argentina del 14 de julio de 2000, deuda originada desde el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) y que creció de manera exponencial con los sucesivos gobiernos civiles pseudo-democráticos desde 1983 en adelante. Así como están los esclavistas están los pagadores seriales que rinden tributo a los Jerarcas de la Usura Internacional.

El colonialismo internacional del dinero, ejercido por la selecta plutocracia de banqueros globalistas, es el que lleva adelante el control de la creación de dinero, sus volúmenes de circulación y flujos de capital; el sistema financiero internacional y nacional de los países; la regulación del crédito y consecuentemente los ciclos de expansión y depresión económica; la imposición propagandística de la cultura del préstamo y la deuda permanente y por último el endeudamiento de las naciones para así llevar adelante la expoliación de sus riquezas. Un poder tiránico y omnímodo.

Son los mega-bancos (Black Rock, Goldman Sachs, JP Morgan, HSBC, City Group, Deutchbank y Credit Suisse, entre otros) los que imponen las leyes en EEUU, el Reino Unido, la Unión Europea y demás países occidentales. Esto nos permite comprender por ejemplo los ataques de la OTAN a naciones que han pretendido establecer bancos centrales independientes de los mega-bancos mundialistas: Irak, Irán, Libia, Siria. Existen cientos de bancos de cerebro que permanentemente analizan y planifican a nivel geopolítico, pero las estructuras más importantes y decisivas son: El Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores); el Grupo Bilderberg y la Comisión Trilateral.

Pero si todos los países poseen moneda propia y la pueden emitir libre de inflación, o sea, si la pueden emitir en base a un Patrón-Trabajo… ¿Por qué entonces se pide “prestado” a una corporación financiera internacional? ¿Para qué endeudarse si la deuda misma ya genera fuertes condicionamientos externos? Esta es la trampa del sistema usurero capitalista que asfixia a los Pueblos con la benevolencia de una partidocracia gobernante que le es funcional.

La práctica del interés del dinero debe quedar tipificada como acto criminal desde lo jurídico-legal. Debe ser siempre una política de Estado a seguir. ¿Qué función cumplirían entonces los bancos al no existir más el tradicional “servicio” del préstamo a interés? Sólo prestar un determinado Capital y como contrapartida tener una participación en las ganancias o dividendos de las empresas que solicitan ese Capital para llevar adelante un emprendimiento económico. De esta manera el dinero dejará de ser especulativo (al dejar de existir el interés) para convertirse en productivo (fruto del Trabajo). Por ende, el capitalismo deja de existir como sistema en sí para dar paso a un sistema ético desde lo económico, un capital-humanismo.

Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.

LA PARTIDOCRACIA COMO ABUSO DE PODER

Según la Real Academia Española, la partidocracia es la “situación política en la que se produce un abuso del poder de los partidos”. El desprestigio de la política, una pseudodemocracia en donde los partidos que habitualmente se alternan en el gobierno ejercen el poder a expensas de los intereses de la Comunidad Nacional. Bajo un régimen partidocrático el partido impone candidatos por quienes los votantes se ven obligados a optar; cierra filas imponiendo una disciplina partidaria sobre legisladores y funcionarios públicos, de modo que las decisiones no las toman éstos sino la cerrada dirigencia partidista; limita la libertad de los afiliados para expresar públicamente sus opiniones discrepantes o contrarias a las del partido. Una dictadura a secas.

En su obra Encrucijada Mundial (Editorial Ariel, pág.130) el prestigioso especialista en geopolítica y relaciones internacionales, coronel Pedro Baños, sostiene: “Una de las consecuencias del desánimo social generalizado es la desconfianza en los partidos políticos tradicionales. No es de extrañar, pues, que tanto unos como otros -ninguno se libra- deparan constantes escándalos, bien por casos de corrupción, bien por otros motivos como abuso de poder, injerencias en la justicia, nepotismo, prevaricación o cualquier otra figura. Son tantos y tan frecuentes que ya casi nos hemos acostumbrado a ellos y no les damos la importancia que deberíamos, quizá porque no vivimos en un verdadero sistema democrático, como sería propio de una ciudadanía soberana, despierta y exigente”.

La partidocracia es entonces un disfraz democrático que se utiliza para usufructuar los recursos del pueblo por una oligarquía usurpadora del Estado, al decir del filósofo político, sociólogo y antropólogo Jacques De Mahieu. Un sistema de gobierno a costa del pueblo en donde los partidos que están en la oposición -sobre todo aquellos que han gobernado y esperan volver a hacerlo- procuran no hacer un excesivo daño al partido gobernante del momento, justamente por el temor de que un exceso de fuerza ejercido sobre el adversario político termine por volverse en su contra. Todos de un mismo lado, en mayor o menor grado, donde se busca estar siempre en la política parasitaria como medio de vida.

Claro que a la ciudadanía le corresponde la mayor responsabilidad. Afirma también Baños en su mencionado libro (pág. 450): “Así pues, la partidocracia lo impregna todo, y aunque parezca lo contrario, los ciudadanos no tienen en su mano remediar los males mayores de la política, ya que cada cuatro años (si las coaliciones de Gobierno fracasan, en menos tiempo) se ven obligados a escoger el mal menor entre las opciones que les brinda un sistema que está al servicio de los partidos políticos, y no de los ciudadanos a los que sirven o deberían servir. Nos dicen con descaro que los ciudadanos no estamos al servicio de los políticos y sus formaciones. Todo lo contrario. Pero nadie lo diría cuando se observa su tren de vida, sus onerosas e ineficientes estructuras de Gobierno que alcanzan volúmenes de gastos descabellados, pagados a base de endeudar más y más al país que gobiernan”.

Los ganadores de un acto eleccionario gobiernan o legislan siguiendo un “estilo” y siguiendo sólo sus objetivos. Esta forma de proceder es el origen de la falta de entendimiento y de los conflictos que permanente y sistemáticamente prostituyen la verdadera esencia de lo que tendría que ser una democracia. Feudos organizados en las provincias, autocracias donde prevalece la voluntad del político mandamás, del déspota. Pero si el poder reside en el pueblo ¿por que éstos siguen reproduciendo lo mismo? El filósofo y ensayista español Ortega y Gasset ya nos hablaba del hombre-masa, y si a ello le agregamos el alto grado de manipulación que juegan los medios de comunicación y las redes sociales al servicio de un aparato, el esquema va cerrando.

Todo vale en los procesos electorales y también durante los períodos de gobierno, la manipulación de encuestas para inducir tendencias; la utilización de medios públicos para crear opinión favorable sobre políticos y partidos; gastos desmesurados a cargo del erario público. Las mentiras son tan abundantes y cotidianas en este ámbito que es algo que se ha naturalizado, normalizado. Incluso hay quienes las justifican por considerarlas necesarias para “garantizar” la “gobernabilidad”. Al decir de Pedro Baños, sale a relucir la frase que la mayoría de los políticos aplica ‘el fin justifica los medios’. Tal como en su momento lo han puesto en práctica grandes tiranos de la historia, así lo piensan hoy en día quienes siendo lobos se disfrazan de corderos para infiltrarse en el rebaño.

El sistema electoral, tal como está estructurado, perpetúa en el poder a quienes se sirven de él para vivir a su costa, no para estar al servicio de quienes les han confiado su destino y el de su país. La vocación de servicio, imprescindible en la política, debe estar acompañada de transparencia y rigor en la gestión, de generosidad en el desempeño de las funciones asignadas, de franqueza en la rendición de cuentas, y de humildad en la crítica propia y ajena. Teóricamente, el Estado cuenta con mecanismos para controlar los desmanes a los que conduce el poder. Pero la realidad se encarga de desmentirlo, por la existencia de la partidocracia como régimen corrupto y prebendario.

Se precisa entonces la depuración total del sistema político y la implementación de uno que haga política para los intereses genuinos de la Patria. Propulsar para ello una meritocracia en los puestos de mando del Estado, recuperando para la sociedad los valores humanistas y la cultura del esfuerzo, como modelo de sociedad justa y equilibrada. Para ello se debe precisar de los mejores para que ocupen los puestos de mayor responsabilidad. Personas extraordinarias en sus funciones. La selección de personas que deberían asumir la responsabilidad de gestionar el país estaría fundamentada entonces en los méritos y capacidades para desempeñar el cargo público que le correspondiera.

Debe ser una misma persona jerárquica responsable la que conforme equipo, con el fin de cubrir los puestos de responsabilidad necesarios para desempeñar una buena labor de gobierno, donde sea obligatoria una supervisión de consejo de asesores expertos y un centro de formación de altos funcionarios, donde se los capacite, siendo una condición indispensable sobre todo para los más altos mandos. Sostiene a su vez Baños (ob. cit, pág. 473): “Para acceder, se llevaría a cabo un estricto procedimiento de selección, basado tanto en las calificaciones de los estudios previos como en aptitudes personales para el desempeño de las funciones previsibles”.

Primaría entonces el mérito y las aptitudes personales. Desde el mismísimo Poder Ejecutivo se deberían establecer las condiciones para el control de las instituciones, para evitar así que los partidos ejerzan su influencia y presión sobre las principales instituciones. Un presidente debería estar sujeto de antemano a adecuados organismos de control, para evitar todo tipo de personalismos o autoritarismos. Y dicho control se debería hacer desde el Poder Judicial. Sin cegueras ideológicas, aceptando únicamente ideas que estén dentro de la sana convivencia ciudadana.

Toda iniciativa legislativa emanada del Poder Ejecutivo deberá realizarse con objetividad y justicia, contando para ello con la supervisión del Poder Judicial, indispensable en todo orden constitucional, junto con las Fuerzas Armadas y las demás Fuerzas de Seguridad. Por eso se debe revisar a fondo las leyes de los partidos políticos. Los parásitos afuera. Genuinos y auténticas jerarquías conductoras vivirían y actuarían para la política, no vivirían de ella.

Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.

Toda iniciativa legislativa emanada del Poder Ejecutivo deberá realizarse con objetividad y justicia, contando para ello con la supervisión del Poder Judicial, indispensable en todo orden constitucional, junto con las Fuerzas Armadas y las demás Fuerzas de Seguridad. Por eso se debe revisar a fondo las leyes de los partidos políticos. Los parásitos afuera. Genuinos y auténticas jerarquías conductoras vivirían y actuarían para la política, no vivirían de ella.

PARLAMENTO DEMOCRÁTICO: ¿FUNCIONA?

El Parlamento, entendido como cámara o asamblea legislativa con representantes elegidos por el pueblo, es el corazón del sistema democrático. Se sostiene habitualmente que tanto la cámara de Diputados como la cámara de Senadores se fundan en la representación popular, en donde los primeros representan directamente al pueblo argentino y los segundos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Que el equilibrio entre ambas representaciones es la base de nuestro sistema representativo, republicano y federal. A su vez, que el Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que tengan en cuenta el bien común de todos los habitantes, para lo cual pueden también modificar la legislación preexistente.
  

En su obra Encrucijada Mundial (Editorial Ariel, pág. 151), el prestigioso especialista en geopolítica y relaciones internacionales, coronel Pedro Baños, sostiene: “Nos encontramos aquí frente al dilema que anuncia el fin de la democracia como tal: ¿representación o poder? Una pregunta clave de la que surgen otras: ¿cuál es el papel del Parlamento? ¿Representar al pueblo o ser el verdadero poder? En teoría, la respuesta debería ser que el Parlamento representa al pueblo, pero en la práctica dista mucho de estar claro. Decía el economista Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) que las elecciones ya no servían para elegir representantes, sino que se habían convertido en un proceso para aceptar o rechazar a las personas que después iban a gobernarnos”.

El jurista y politólogo alemán Carl Schmitt (1888-1985) sostiene en su obra Sobre el Parlamentarismo (Editorial Tecnos, pág. 9): “La situación del parlamentarismo es hoy tan crítica porque la evolución de la moderna democracia de masas ha convertido la discusión pública que argumenta en una formalidad vacía. Algunas normas de derecho parlamentario actual, especialmente las relativas a la independencia de los diputados y de los debates, dan, a consecuencia de ello, la impresión de ser un decorado superfluo, inútil e, incluso, vergonzoso, como si alguien hubiera pintado con llamas rojas los radiadores de una moderna calefacción central para evocar la ilusión de un vivo fuego. Los partidos (que, según el texto de la constitución escrita, oficialmente no existen) ya no se enfrentan entre ellos como opiniones que discuten, sino como poderosos grupos de poder social o económico, calculando los mutuos intereses y sus posibilidades de alcanzar el poder y llevando a cabo desde esta base fáctica compromisos y coaliciones”.

¿Puede un Parlamento entonces representar a su pueblo en la práctica concreta? En la mirada de Schmitt, si se parte de la idea de que la política es tomar decisiones, los Parlamentos son meras asambleas de discusiones, salas de charlatanes más allá de lo preparados que puedan estar los legisladores a la hora de la oratoria. Los Parlamentos se muestran como una reproducción del peso de los partidos políticos, con sus facciones y sus luchas por el poder. Y si en primer lugar representan ese peso ¿en qué lugar quedaría la representación ciudadana? Se pregunta Pedro Baños que si la representación se convierte en poder ¿quién puede representar al pueblo frente a ese poder? Debemos partir como primera premisa que para ser libre políticamente es necesario distinguir dos elementos, la representación y el poder.

Parlamento y Gobierno se entremezclan, dejando a un lado las funciones que debería desempeñar cada uno, que es representar y gobernar respectivamente. Esta es una contradicción de primer orden del sistema democrático. No se gobierna en función de una representación, se gobierna en función de un poder. Vale decir, quien gobierna a una comunidad no lo hace como su representante. Gobernar y representar son conceptos muy diferentes.

Por eso, mientras el Parlamento debe seguir siendo un espacio de representación de los electores ante el Poder Ejecutivo -por lo menos en la teoría-, éste debe actuar por todos, que es precisamente lo que ni remotamente ocurre en la realidad. Bajo el sistema de democracia representativa se elige a “representantes” que pertenecen a partidos políticos con una clara ideología y un proyecto de antemano definidos, lo que hace que después sean los legisladores más votados en el Parlamento los que configuren el Gobierno de turno. Gobierno y Parlamento se confunden, se mimetizan, mostrándose la contradicción misma en la idea de división de poderes.

La evolución de la moderna democracia de masas ha convertido la discusión pública que argumenta en una formalidad vacía. Algunas normas del derecho parlamentario actual, especialmente las relativas a la independencia de los diputados y de los debates, dan la impresión de ser un decorado superfluo, inútil e incluso vergonzoso. Los partidos ya no se enfrentan entre ellos como opiniones que discuten, sino como poderosos grupos de poder social o económico, como cáscaras vacías que van calculando los mutuos intereses y sus posibilidades de alcanzar el poder, llevando a cabo desde esta base fáctica compromisos y coaliciones como algo totalmente ajeno a la representación ciudadana.

Mientras el Parlamento debería ser el reflejo político de la sociedad, el gobierno tendría que separarse de aquel para ejercer sus verdaderas funciones: gobernar, actuar, decidir. Y es precisamente el Parlamento quien debe controlar esas decisiones que se toman desde lo gubernamental, en función de sus representantes. El Ejecutivo debe gobernar para todos sus ciudadanos, aún para aquellos que no lo votaron, pero resulta una mera ilusión al calor de los hechos mientras exista un férrea disciplina de partido que imposibilite a ningún individuo (léase legislador) a posicionarse más allá de lo que manda su propio gobierno. Es un sistema donde los poderes se confunden y los partidos políticos no dejan espacio a que el diputado o el senador en cuestión ejerza su papel de verdadero representante de la ciudadanía con total libertad de conciencia.

Las grandes decisiones políticas y económicas, de las cuales depende el destino de las personas, ya no son (si es que alguna vez lo han sido) el resultado del equilibrio entre las distintas opiniones en un discurso público, ni el resultado de los debates parlamentarios. La participación del Parlamento en el Gobierno —el gobierno parlamentario— ha demostrado ser el medio más importante para contrarrestar la separación de los poderes y, con ello, la auténtica idea del parlamentarismo. Mientras que el Parlamento debe ser en lo ideal un espacio de representación de los electores ante el Ejecutivo, éste precisamente debe actuar por todos, algo que la partidocracia en la actualidad ha dejado de lado atendiendo únicamente réditos personales y políticos sectoriales.

Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.

¿QUÉ ES EL BIEN COMÚN SOCIAL?

 

  La defensa del Bien Común es la condición indispensable para el progreso. El Estado debe garantizar siempre el respeto sobre todo aquello que es valioso para una sociedad, promoviendo -como máxima institución de ordenamiento jurídico social que es- un constante mejoramiento en las condiciones de vida. Garantizar derechos humanos es una acción indiscutible de Bien Común, concepto que se empieza a estudiar con los filósofos griegos de la Antigüedad, Platón (c. 427 – c. 347 a. C.) y Aristóteles (384-322 a. C.). Posteriormente, a través de la tradición escolástica, Santo Tomás de Aquino afirmará en su Summa Teológica que “toda ley se ordena al bien común”.

  De acuerdo a su concepción filosófica, el bien representa el valor supremo de la moral. Desde un punto de vista económico, corresponde a cualquiera de las cosas susceptibles de satisfacer necesidades humanas. Aristóteles llamaba bienes a los medios que sirven para la vida y el bienestar, reconociendo que los hombres libres no están sometidos a hacer esto o aquello según la ocasión, sino que todas sus funciones, o la mayor parte de ellas, están reguladas, a diferencia de los esclavos y las bestias de carga, donde su actuar depende de las circunstancias. Este sería el principio que constituye la naturaleza de cada uno, donde el actuar de los hombres libres se orienta a la armonía del conjunto.

  Desde una concepción abarcativa, el Bien Común Social es la promoción del desarrollo sano, fuerte e integral de un Pueblo. Por desarrollo no debe entenderse lo estrictamente material –prédica materialista marxista– sino todo aquello que eleve a las personas desde lo espiritual, cultural, ético, físico y material. Para la cosmovisión nacionalista, desarrollo integral es sinónimo de convencimiento ético de que el Bien Común debe estar por encima de todo provecho individualista y sectario.

El Bien Común Social es una actitud ética frente a los problemas existentes, que se manifiesta a través de un estilo para llevar adelante acciones concretas más que una ley estrictamente económica o matemática. Todo sistema económico que cumpla con requisitos éticos básicos, que sea útil para llevar al Pueblo a un nivel de vida superior en el sentido amplio de realización puede considerarse como un verdadero Orden ético-social. Los sistemas económicos son simplemente herramientas, medios, y por tanto están sujetos a modificaciones según las circunstancias. Lo único inmutable son los principios éticos conformes e inherentes al Bien Común.

En las sociedades hay elementos antisociales y disolventes en sí mismos, elementos aberrantes y abiertamente contrarios a toda ética: La usura, la especulación, el anonimato, la lucha de clases, la dependencia, la explotación, la degradación del Orden Natural. Y esa degradación y materialización de la vida se impone desde los bancos de cerebro del Nuevo Orden Mundial y con la clara intención de adormecer espíritus, de someter mediante gobernanza mundialista. En un mundo dominado por ideas materialistas -tanto del capitalismo como del marxismo- es lógico confundir Ética con interés, Bien Común con provecho personal, Pueblo Organizado con clases, Bien Común Social con marxismo. 

Para promover un trato de honor hacia todos los compatriotas, hacia todos los connacionales, el gobernante debe poseer sí o sí libertad de acción para ello, debe ostentar un “Real Señorío de lo Propio” para el ejercicio soberano de su gran misión. Sin Soberanía Política ni Independencia Económica no podrá haber nunca gobernante justo, honesto y servidor abnegado de la grandeza de la Nación. En la promoción del Bien Común Social primero debe haber una verdadera unión entre todos sus integrantes, una fraternidad sincera en aras de la construcción de la verdadera paz social. Y en segundo lugar –como consecuencia lógica– se debe premiar el mérito, el deber, la responsabilidad, el sacrificio. A su vez, este orden público se concibe bajo las ideas complementarias de ser un conjunto de reglas escritas y no escritas, de carácter jurídico, público o privado, que según una determinada concepción ético-moral dominante se asume como la condición primigenia y básica para la vida social; y como un conjunto de principios éticos, ideas o concepciones sociales que formarán la cultura jurídica de un país, para realizarse por los individuos atendiendo a lo previsto en las normas.

El Bien Común es la suma de aquellas condiciones que permitan satisfacer la necesidad de logro de los miembros de la comunidad. Implica que las estructuras sociales deben ser diseñadas de tal forma que permita que sus integrantes tengan la oportunidad de participar y de satisfacer necesidades humanas básicas. La autoridad sólo se ejerce legítimamente si la misma busca en su accionar el bien y el progreso de todo grupo, si para alcanzarlo se emplean medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclaman leyes injustas o toman medidas contrarias al orden moral, la propia autoridad se desmorona por completo y sobreviene el caos. Todo sistema político será admisible en la medida que promueva el bien legítimo de la Comunidad que los adopta. Los regímenes cuya naturaleza son contrarias a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas, no pueden realizar el Bien Común de las naciones en las que se han impuesto, plantearlo sería una contradicción en sí misma.

El objetivo de la sociedad lo constituye el bien de todos sus integrantes, por lo que este bien es común a todos: El Bien Común es el bien de sus miembros, puesto que forman parte de la sociedad porque el fin de la sociedad no es independiente del fin de sus miembros. El factor humano siempre será el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales. Todo verdadero Nacionalismo siempre será aquel que mantenga el equilibrio de intereses dentro de una Comunidad Nacional y a través de un sano concepto de Bien Común Social. Las verdaderas y radicales transformaciones son aquellas que tienen un profundo contenido de transformación integral. 

Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.