LA PARTIDOCRACIA COMO ABUSO DE PODER

Según la Real Academia Española, la partidocracia es la “situación política en la que se produce un abuso del poder de los partidos”. El desprestigio de la política, una pseudodemocracia en donde los partidos que habitualmente se alternan en el gobierno ejercen el poder a expensas de los intereses de la Comunidad Nacional. Bajo un régimen partidocrático el partido impone candidatos por quienes los votantes se ven obligados a optar; cierra filas imponiendo una disciplina partidaria sobre legisladores y funcionarios públicos, de modo que las decisiones no las toman éstos sino la cerrada dirigencia partidista; limita la libertad de los afiliados para expresar públicamente sus opiniones discrepantes o contrarias a las del partido. Una dictadura a secas.

En su obra Encrucijada Mundial (Editorial Ariel, pág.130) el prestigioso especialista en geopolítica y relaciones internacionales, coronel Pedro Baños, sostiene: “Una de las consecuencias del desánimo social generalizado es la desconfianza en los partidos políticos tradicionales. No es de extrañar, pues, que tanto unos como otros -ninguno se libra- deparan constantes escándalos, bien por casos de corrupción, bien por otros motivos como abuso de poder, injerencias en la justicia, nepotismo, prevaricación o cualquier otra figura. Son tantos y tan frecuentes que ya casi nos hemos acostumbrado a ellos y no les damos la importancia que deberíamos, quizá porque no vivimos en un verdadero sistema democrático, como sería propio de una ciudadanía soberana, despierta y exigente”.

La partidocracia es entonces un disfraz democrático que se utiliza para usufructuar los recursos del pueblo por una oligarquía usurpadora del Estado, al decir del filósofo político, sociólogo y antropólogo Jacques De Mahieu. Un sistema de gobierno a costa del pueblo en donde los partidos que están en la oposición -sobre todo aquellos que han gobernado y esperan volver a hacerlo- procuran no hacer un excesivo daño al partido gobernante del momento, justamente por el temor de que un exceso de fuerza ejercido sobre el adversario político termine por volverse en su contra. Todos de un mismo lado, en mayor o menor grado, donde se busca estar siempre en la política parasitaria como medio de vida.

Claro que a la ciudadanía le corresponde la mayor responsabilidad. Afirma también Baños en su mencionado libro (pág. 450): “Así pues, la partidocracia lo impregna todo, y aunque parezca lo contrario, los ciudadanos no tienen en su mano remediar los males mayores de la política, ya que cada cuatro años (si las coaliciones de Gobierno fracasan, en menos tiempo) se ven obligados a escoger el mal menor entre las opciones que les brinda un sistema que está al servicio de los partidos políticos, y no de los ciudadanos a los que sirven o deberían servir. Nos dicen con descaro que los ciudadanos no estamos al servicio de los políticos y sus formaciones. Todo lo contrario. Pero nadie lo diría cuando se observa su tren de vida, sus onerosas e ineficientes estructuras de Gobierno que alcanzan volúmenes de gastos descabellados, pagados a base de endeudar más y más al país que gobiernan”.

Los ganadores de un acto eleccionario gobiernan o legislan siguiendo un “estilo” y siguiendo sólo sus objetivos. Esta forma de proceder es el origen de la falta de entendimiento y de los conflictos que permanente y sistemáticamente prostituyen la verdadera esencia de lo que tendría que ser una democracia. Feudos organizados en las provincias, autocracias donde prevalece la voluntad del político mandamás, del déspota. Pero si el poder reside en el pueblo ¿por que éstos siguen reproduciendo lo mismo? El filósofo y ensayista español Ortega y Gasset ya nos hablaba del hombre-masa, y si a ello le agregamos el alto grado de manipulación que juegan los medios de comunicación y las redes sociales al servicio de un aparato, el esquema va cerrando.

Todo vale en los procesos electorales y también durante los períodos de gobierno, la manipulación de encuestas para inducir tendencias; la utilización de medios públicos para crear opinión favorable sobre políticos y partidos; gastos desmesurados a cargo del erario público. Las mentiras son tan abundantes y cotidianas en este ámbito que es algo que se ha naturalizado, normalizado. Incluso hay quienes las justifican por considerarlas necesarias para “garantizar” la “gobernabilidad”. Al decir de Pedro Baños, sale a relucir la frase que la mayoría de los políticos aplica ‘el fin justifica los medios’. Tal como en su momento lo han puesto en práctica grandes tiranos de la historia, así lo piensan hoy en día quienes siendo lobos se disfrazan de corderos para infiltrarse en el rebaño.

El sistema electoral, tal como está estructurado, perpetúa en el poder a quienes se sirven de él para vivir a su costa, no para estar al servicio de quienes les han confiado su destino y el de su país. La vocación de servicio, imprescindible en la política, debe estar acompañada de transparencia y rigor en la gestión, de generosidad en el desempeño de las funciones asignadas, de franqueza en la rendición de cuentas, y de humildad en la crítica propia y ajena. Teóricamente, el Estado cuenta con mecanismos para controlar los desmanes a los que conduce el poder. Pero la realidad se encarga de desmentirlo, por la existencia de la partidocracia como régimen corrupto y prebendario.

Se precisa entonces la depuración total del sistema político y la implementación de uno que haga política para los intereses genuinos de la Patria. Propulsar para ello una meritocracia en los puestos de mando del Estado, recuperando para la sociedad los valores humanistas y la cultura del esfuerzo, como modelo de sociedad justa y equilibrada. Para ello se debe precisar de los mejores para que ocupen los puestos de mayor responsabilidad. Personas extraordinarias en sus funciones. La selección de personas que deberían asumir la responsabilidad de gestionar el país estaría fundamentada entonces en los méritos y capacidades para desempeñar el cargo público que le correspondiera.

Debe ser una misma persona jerárquica responsable la que conforme equipo, con el fin de cubrir los puestos de responsabilidad necesarios para desempeñar una buena labor de gobierno, donde sea obligatoria una supervisión de consejo de asesores expertos y un centro de formación de altos funcionarios, donde se los capacite, siendo una condición indispensable sobre todo para los más altos mandos. Sostiene a su vez Baños (ob. cit, pág. 473): “Para acceder, se llevaría a cabo un estricto procedimiento de selección, basado tanto en las calificaciones de los estudios previos como en aptitudes personales para el desempeño de las funciones previsibles”.

Primaría entonces el mérito y las aptitudes personales. Desde el mismísimo Poder Ejecutivo se deberían establecer las condiciones para el control de las instituciones, para evitar así que los partidos ejerzan su influencia y presión sobre las principales instituciones. Un presidente debería estar sujeto de antemano a adecuados organismos de control, para evitar todo tipo de personalismos o autoritarismos. Y dicho control se debería hacer desde el Poder Judicial. Sin cegueras ideológicas, aceptando únicamente ideas que estén dentro de la sana convivencia ciudadana.

Toda iniciativa legislativa emanada del Poder Ejecutivo deberá realizarse con objetividad y justicia, contando para ello con la supervisión del Poder Judicial, indispensable en todo orden constitucional, junto con las Fuerzas Armadas y las demás Fuerzas de Seguridad. Por eso se debe revisar a fondo las leyes de los partidos políticos. Los parásitos afuera. Genuinos y auténticas jerarquías conductoras vivirían y actuarían para la política, no vivirían de ella.

Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.

Toda iniciativa legislativa emanada del Poder Ejecutivo deberá realizarse con objetividad y justicia, contando para ello con la supervisión del Poder Judicial, indispensable en todo orden constitucional, junto con las Fuerzas Armadas y las demás Fuerzas de Seguridad. Por eso se debe revisar a fondo las leyes de los partidos políticos. Los parásitos afuera. Genuinos y auténticas jerarquías conductoras vivirían y actuarían para la política, no vivirían de ella.

PARLAMENTO DEMOCRÁTICO: ¿FUNCIONA?

El Parlamento, entendido como cámara o asamblea legislativa con representantes elegidos por el pueblo, es el corazón del sistema democrático. Se sostiene habitualmente que tanto la cámara de Diputados como la cámara de Senadores se fundan en la representación popular, en donde los primeros representan directamente al pueblo argentino y los segundos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Que el equilibrio entre ambas representaciones es la base de nuestro sistema representativo, republicano y federal. A su vez, que el Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que tengan en cuenta el bien común de todos los habitantes, para lo cual pueden también modificar la legislación preexistente.
  

En su obra Encrucijada Mundial (Editorial Ariel, pág. 151), el prestigioso especialista en geopolítica y relaciones internacionales, coronel Pedro Baños, sostiene: “Nos encontramos aquí frente al dilema que anuncia el fin de la democracia como tal: ¿representación o poder? Una pregunta clave de la que surgen otras: ¿cuál es el papel del Parlamento? ¿Representar al pueblo o ser el verdadero poder? En teoría, la respuesta debería ser que el Parlamento representa al pueblo, pero en la práctica dista mucho de estar claro. Decía el economista Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) que las elecciones ya no servían para elegir representantes, sino que se habían convertido en un proceso para aceptar o rechazar a las personas que después iban a gobernarnos”.

El jurista y politólogo alemán Carl Schmitt (1888-1985) sostiene en su obra Sobre el Parlamentarismo (Editorial Tecnos, pág. 9): “La situación del parlamentarismo es hoy tan crítica porque la evolución de la moderna democracia de masas ha convertido la discusión pública que argumenta en una formalidad vacía. Algunas normas de derecho parlamentario actual, especialmente las relativas a la independencia de los diputados y de los debates, dan, a consecuencia de ello, la impresión de ser un decorado superfluo, inútil e, incluso, vergonzoso, como si alguien hubiera pintado con llamas rojas los radiadores de una moderna calefacción central para evocar la ilusión de un vivo fuego. Los partidos (que, según el texto de la constitución escrita, oficialmente no existen) ya no se enfrentan entre ellos como opiniones que discuten, sino como poderosos grupos de poder social o económico, calculando los mutuos intereses y sus posibilidades de alcanzar el poder y llevando a cabo desde esta base fáctica compromisos y coaliciones”.

¿Puede un Parlamento entonces representar a su pueblo en la práctica concreta? En la mirada de Schmitt, si se parte de la idea de que la política es tomar decisiones, los Parlamentos son meras asambleas de discusiones, salas de charlatanes más allá de lo preparados que puedan estar los legisladores a la hora de la oratoria. Los Parlamentos se muestran como una reproducción del peso de los partidos políticos, con sus facciones y sus luchas por el poder. Y si en primer lugar representan ese peso ¿en qué lugar quedaría la representación ciudadana? Se pregunta Pedro Baños que si la representación se convierte en poder ¿quién puede representar al pueblo frente a ese poder? Debemos partir como primera premisa que para ser libre políticamente es necesario distinguir dos elementos, la representación y el poder.

Parlamento y Gobierno se entremezclan, dejando a un lado las funciones que debería desempeñar cada uno, que es representar y gobernar respectivamente. Esta es una contradicción de primer orden del sistema democrático. No se gobierna en función de una representación, se gobierna en función de un poder. Vale decir, quien gobierna a una comunidad no lo hace como su representante. Gobernar y representar son conceptos muy diferentes.

Por eso, mientras el Parlamento debe seguir siendo un espacio de representación de los electores ante el Poder Ejecutivo -por lo menos en la teoría-, éste debe actuar por todos, que es precisamente lo que ni remotamente ocurre en la realidad. Bajo el sistema de democracia representativa se elige a “representantes” que pertenecen a partidos políticos con una clara ideología y un proyecto de antemano definidos, lo que hace que después sean los legisladores más votados en el Parlamento los que configuren el Gobierno de turno. Gobierno y Parlamento se confunden, se mimetizan, mostrándose la contradicción misma en la idea de división de poderes.

La evolución de la moderna democracia de masas ha convertido la discusión pública que argumenta en una formalidad vacía. Algunas normas del derecho parlamentario actual, especialmente las relativas a la independencia de los diputados y de los debates, dan la impresión de ser un decorado superfluo, inútil e incluso vergonzoso. Los partidos ya no se enfrentan entre ellos como opiniones que discuten, sino como poderosos grupos de poder social o económico, como cáscaras vacías que van calculando los mutuos intereses y sus posibilidades de alcanzar el poder, llevando a cabo desde esta base fáctica compromisos y coaliciones como algo totalmente ajeno a la representación ciudadana.

Mientras el Parlamento debería ser el reflejo político de la sociedad, el gobierno tendría que separarse de aquel para ejercer sus verdaderas funciones: gobernar, actuar, decidir. Y es precisamente el Parlamento quien debe controlar esas decisiones que se toman desde lo gubernamental, en función de sus representantes. El Ejecutivo debe gobernar para todos sus ciudadanos, aún para aquellos que no lo votaron, pero resulta una mera ilusión al calor de los hechos mientras exista un férrea disciplina de partido que imposibilite a ningún individuo (léase legislador) a posicionarse más allá de lo que manda su propio gobierno. Es un sistema donde los poderes se confunden y los partidos políticos no dejan espacio a que el diputado o el senador en cuestión ejerza su papel de verdadero representante de la ciudadanía con total libertad de conciencia.

Las grandes decisiones políticas y económicas, de las cuales depende el destino de las personas, ya no son (si es que alguna vez lo han sido) el resultado del equilibrio entre las distintas opiniones en un discurso público, ni el resultado de los debates parlamentarios. La participación del Parlamento en el Gobierno —el gobierno parlamentario— ha demostrado ser el medio más importante para contrarrestar la separación de los poderes y, con ello, la auténtica idea del parlamentarismo. Mientras que el Parlamento debe ser en lo ideal un espacio de representación de los electores ante el Ejecutivo, éste precisamente debe actuar por todos, algo que la partidocracia en la actualidad ha dejado de lado atendiendo únicamente réditos personales y políticos sectoriales.

Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.

¿QUÉ ES EL BIEN COMÚN SOCIAL?

 

  La defensa del Bien Común es la condición indispensable para el progreso. El Estado debe garantizar siempre el respeto sobre todo aquello que es valioso para una sociedad, promoviendo -como máxima institución de ordenamiento jurídico social que es- un constante mejoramiento en las condiciones de vida. Garantizar derechos humanos es una acción indiscutible de Bien Común, concepto que se empieza a estudiar con los filósofos griegos de la Antigüedad, Platón (c. 427 – c. 347 a. C.) y Aristóteles (384-322 a. C.). Posteriormente, a través de la tradición escolástica, Santo Tomás de Aquino afirmará en su Summa Teológica que “toda ley se ordena al bien común”.

  De acuerdo a su concepción filosófica, el bien representa el valor supremo de la moral. Desde un punto de vista económico, corresponde a cualquiera de las cosas susceptibles de satisfacer necesidades humanas. Aristóteles llamaba bienes a los medios que sirven para la vida y el bienestar, reconociendo que los hombres libres no están sometidos a hacer esto o aquello según la ocasión, sino que todas sus funciones, o la mayor parte de ellas, están reguladas, a diferencia de los esclavos y las bestias de carga, donde su actuar depende de las circunstancias. Este sería el principio que constituye la naturaleza de cada uno, donde el actuar de los hombres libres se orienta a la armonía del conjunto.

  Desde una concepción abarcativa, el Bien Común Social es la promoción del desarrollo sano, fuerte e integral de un Pueblo. Por desarrollo no debe entenderse lo estrictamente material –prédica materialista marxista– sino todo aquello que eleve a las personas desde lo espiritual, cultural, ético, físico y material. Para la cosmovisión nacionalista, desarrollo integral es sinónimo de convencimiento ético de que el Bien Común debe estar por encima de todo provecho individualista y sectario.

El Bien Común Social es una actitud ética frente a los problemas existentes, que se manifiesta a través de un estilo para llevar adelante acciones concretas más que una ley estrictamente económica o matemática. Todo sistema económico que cumpla con requisitos éticos básicos, que sea útil para llevar al Pueblo a un nivel de vida superior en el sentido amplio de realización puede considerarse como un verdadero Orden ético-social. Los sistemas económicos son simplemente herramientas, medios, y por tanto están sujetos a modificaciones según las circunstancias. Lo único inmutable son los principios éticos conformes e inherentes al Bien Común.

En las sociedades hay elementos antisociales y disolventes en sí mismos, elementos aberrantes y abiertamente contrarios a toda ética: La usura, la especulación, el anonimato, la lucha de clases, la dependencia, la explotación, la degradación del Orden Natural. Y esa degradación y materialización de la vida se impone desde los bancos de cerebro del Nuevo Orden Mundial y con la clara intención de adormecer espíritus, de someter mediante gobernanza mundialista. En un mundo dominado por ideas materialistas -tanto del capitalismo como del marxismo- es lógico confundir Ética con interés, Bien Común con provecho personal, Pueblo Organizado con clases, Bien Común Social con marxismo. 

Para promover un trato de honor hacia todos los compatriotas, hacia todos los connacionales, el gobernante debe poseer sí o sí libertad de acción para ello, debe ostentar un “Real Señorío de lo Propio” para el ejercicio soberano de su gran misión. Sin Soberanía Política ni Independencia Económica no podrá haber nunca gobernante justo, honesto y servidor abnegado de la grandeza de la Nación. En la promoción del Bien Común Social primero debe haber una verdadera unión entre todos sus integrantes, una fraternidad sincera en aras de la construcción de la verdadera paz social. Y en segundo lugar –como consecuencia lógica– se debe premiar el mérito, el deber, la responsabilidad, el sacrificio. A su vez, este orden público se concibe bajo las ideas complementarias de ser un conjunto de reglas escritas y no escritas, de carácter jurídico, público o privado, que según una determinada concepción ético-moral dominante se asume como la condición primigenia y básica para la vida social; y como un conjunto de principios éticos, ideas o concepciones sociales que formarán la cultura jurídica de un país, para realizarse por los individuos atendiendo a lo previsto en las normas.

El Bien Común es la suma de aquellas condiciones que permitan satisfacer la necesidad de logro de los miembros de la comunidad. Implica que las estructuras sociales deben ser diseñadas de tal forma que permita que sus integrantes tengan la oportunidad de participar y de satisfacer necesidades humanas básicas. La autoridad sólo se ejerce legítimamente si la misma busca en su accionar el bien y el progreso de todo grupo, si para alcanzarlo se emplean medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclaman leyes injustas o toman medidas contrarias al orden moral, la propia autoridad se desmorona por completo y sobreviene el caos. Todo sistema político será admisible en la medida que promueva el bien legítimo de la Comunidad que los adopta. Los regímenes cuya naturaleza son contrarias a la ley natural, al orden público y a los derechos fundamentales de las personas, no pueden realizar el Bien Común de las naciones en las que se han impuesto, plantearlo sería una contradicción en sí misma.

El objetivo de la sociedad lo constituye el bien de todos sus integrantes, por lo que este bien es común a todos: El Bien Común es el bien de sus miembros, puesto que forman parte de la sociedad porque el fin de la sociedad no es independiente del fin de sus miembros. El factor humano siempre será el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales. Todo verdadero Nacionalismo siempre será aquel que mantenga el equilibrio de intereses dentro de una Comunidad Nacional y a través de un sano concepto de Bien Común Social. Las verdaderas y radicales transformaciones son aquellas que tienen un profundo contenido de transformación integral. 

Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.

¿QUÉ ES LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA?

La globalización y el libre comercio, la hiperconectividad en todas partes del mundo, los activos financieros, criptomonedas y brokers cada vez más al alcance de las personas, el poder siempre avasallante de corporaciones industriales y sobre todo financieras a nivel internacional tira por tierra en primera instancia el concepto de Independencia Económica, pilar básico de la doctrina nacionalista. El Nuevo Orden Mundial ejerce el dominio de las naciones a través de la imposición de la deuda como así también a través de la imposición de corporaciones multinacionales que usufructúan riquezas y recursos naturales para un beneficio propio.

Todo préstamo es una práctica a-moral porque genera dinero de la nada, sin ningún tipo de esfuerzo productivo. La usura es la que posibilita la vida de zángano de la minoría poderosa de grandes banqueros internacionales. Un sistema que persigue como único y gran objetivo el ansia insaciable de lucro, la dominación de las naciones con deudas cada vez más abultadas por la lógica del crecimiento exponencial del interés. En la “cultura del endeudamiento permanente” dichas deudas se refinancian al no poseerse una capacidad de pago real, y por consiguiente crecen a un ritmo cada vez más desorbitado.

¿Es posible entonces el Nacionalismo bajo ese contexto? Sí, teniendo en cuenta el dinamismo siempre volátil y cambiante de la política. Toda resignificación que se haga de Independencia Económica siempre debe estar ligada al rol que efectivamente cumpla el Estado. Dicha independencia no debe quedar reducida a un sólo país sino a un esquema de integración regional que le de mayor peso político. ¿Qué capacidad de innovación científica y tecnológica puede ofrecer un país para lograr la Independencia Económica? ¿Qué postura se toma ante los recursos naturales sustentables no sólo para una Comunidad Nacional sino valorables para toda la Humanidad? ¿Cómo se podría ser estratégico en la elaboración de políticas a largo plazo sin ceder soberanía?

¿Podemos entonces hablar de Independencia Económica con gobiernos que han apostado en demasía por la inversión extranjera en sectores estratégicos, muchos de ellos con fuerte presencia estatal en su momento? ¿Podemos jactarnos de ser independientes al endeudar constantemente al Estado para solventar déficits fiscales abultados y generar una transferencia permanente de divisas al sector financiero internacional, al atrasar permanentemente el tipo de cambio para favorecer a sectores importadores? ¿Debemos seguir pagando una deuda externa que no tiene el más mínimo cuestionamiento desde lo jurídico legal y conforme al histórico fallo del juegos Ballestero del año 2000? De hecho las multinacionales que invierten poco en el país giran demasiadas utilidades y de diferentes formas.

Para la cosmovisión nacionalista el Capital -estatal, privado o mixto- debe servir a la economía y la economía debe servir al Pueblo, estableciendo el Estado reglas de juego claras y conforme a exigencias éticas y de Bien Común Social. El Estado no debe por sí mismo actuar en la economía, debe ser el regulador de la misma en el más elevado de los sentidos en el marco de un Nuevo Orden social-patriótico. La condición determinante sería que tanto el Capital como el Trabajo -con las características de la actualidad, en estrecho y mancomunado abrazo- sean el motor de la grandeza de la Patria. La Independencia Económica es el acto soberano que desliga al país de todo sistema económico globalista expoliador de riquezas y economías nacionales, y en ese ejercicio soberano se sientan y se consolidan las bases para una economía sana, orgánica y natural al servicio de los intereses de la Comunidad Nacional. Esto no implica de ninguna manera desconectarse de la globalización económica.

Para lograr la Independencia Económica y establecer así una economía natural conforme a un desarrollo sano y orgánico se deben poner en práctica ideas-fuerzas vitales:

1°) Ejercer Soberanía propia sobre la Moneda Nacional.

2°) Reemplazar el patrón Peso-Dólar por un patrón Peso-Trabajo.

3°) Emitir dinero en función de los bienes reales existentes.

4°) Criminalizar la práctica de la usura y toda clase de especulación o agiotismo económico.

5°) Nacionalizar los resortes fundamentales de la economía.

6°) Promover una fuerte Industria Nacional, sector liviano, pesado y tecnológico-científico.

7°) Eliminar el sistema impositivo regresivo para establecer uno de carácter progresivo.

8°) Suplantar el sistema de Sociedades Anónimas por el de Responsabilidad ante el Estado, con garantías de inversión hacia el capital privado.

9°) Desarrollar el comercio exterior en base a la producción nacional.

10°) Propiciar una Reforma Agraria para beneficio exclusivo de los argentinos.

11°) Desligar a la Argentina de todo organismo financiero internacional.

12°) Realizar una investigación parlamentaria sobre la ilegalidad de la Deuda Externa.

El accionar del Nuevo Orden Mundial y sus tecnócratas cipayos de turno son los que nos impiden los beneficios del trabajo y la explotación de nuestras riquezas, condenándonos a que tengamos una vida de esclavos. Por eso, para alcanzar la tan anhelada felicidad del Pueblo y la grandeza de la Patria es fundamental lograr la liberación absoluta de toda forma de colonialismo económico, poner en práctica y sin ningún tipo de concesiones la Independencia Económica, que siempre debe abarcar esquemas políticos de integración o unión regional para hacer frente a actores de mayor poder político y peso económico.

Es precisamente el capital humano, el Pueblo, el mayor activo para lograr y mantener grados de libertad e independencia de intereses extranjeros; el capital humano formado no solamente en aptitudes técnicas o científicas, que son fundamentales para el desarrollo económico, sino también en valores humanos y culturales, en la conservación de las tradiciones; un Pueblo  que privilegie el desarrollo humano de los sectores más vulnerables.

Para que haya una total Independencia Económica debe haber una constante capitalización, con aumentos significativos de la producción, las exportaciones y la productividad, con cuentas públicas equilibradas para dejar de depender de préstamos externos, que haya un manejo, a través de empresas estatales, de los recursos naturales y estratégicos de la Nación. Solo a través de una mayor Independencia Económica se podrá multiplicar la riqueza, lo que derivará, en consecuencia, en poder distribuirla de mayor y mejor manera, generando mayores grados de bienestar para el Pueblo, eliminándose la pobreza estructural que tanto nos duele y así poder brindar al Estado y a la Nación mayor poder político y económico en el concierto de las naciones, en esta nueva etapa de cambios que es la multipolaridad mundial.

Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.

¿QUÉ ES LA SOBERANÍA POLÍTICA?

 

En ‘Principios de la Política’ (Editorial Cultura Argentina, pág. 107), Jordán Bruno Genta sostiene: “La esencia del Estado es la soberanía política, que se reconoce y afirma tanto en el pleno señorío sobre todo lo propio, como en una libertad de acción suficiente para asegurar el Bien Común; esto es, el caudal de bienes honestos, deleitables y útiles, que son necesarios para el trato de honor debido a todos y cada uno de los habitantes”.

En base a esta definición se puede sostener que la Soberanía Política existe teniendo en cuenta dos dimensiones, una nacional-territorial y otra internacional: Tendrá razón de ser cuando el Estado no está condicionado por un sistema de gobierno demagógico y falso en el orden interno, como así también cuando no haya ningún condicionamiento o subordinación de ese Estado hacia un poder colonialista en el orden mundial.

¿Cuál sería el trato de honor hacia el pueblo argentino en la actualidad viendo los cada vez más alarmantes índices de pobreza, indigencia y degradación social estructurales?. La Soberanía Política no es una expresión de deseos o una mera formalidad jurídica. Debe ser considerada como un Poder pleno en sí, como un Poderío de Voluntad irrenunciable, con competencia total, y que debe existir en todo verdadero Estado, tanto para llevar adelante acciones en el orden doméstico que aseguren el Bien Común como así también para ser libres de toda forma de dominación extranjera. Al decir de Genta, los incompetentes, irresponsables y cínicos demagogos en la función pública son los más propensos para llevar adelante la institucionalización de la entrega de las riquezas nacionales.

En ‘El Estado Comunitario’ (Ediciones Nueva República, pág. 109), Jaime María de Mahieu sostiene: “El Estado es legítimo en la medida exacta en que realiza la síntesis comunitaria. No hay, por tanto, Estado ilegítimo, pues el grupo que asumiera sin cumplir con ellas las funciones de conciencia, de mando y de síntesis de la Comunidad no sería un Estado. Sólo por una abusiva simplificación de lenguaje hablamos de Estado usurpador: no hay sino Estado usurpado o, mejor dicho, Estado ocupado. Debajo de la ocupación oligárquica o tecno-burocrática, el Estado subsiste, legítimo en la medida en que asegura la permanencia de la Comunidad. Pero está avasallado por una minoría usurpadora que limita su soberanía subordinando a intereses particulares el poder que él conserva, y falseando así el proceso de síntesis, que sigue desarrollándose, aunque de modo insatisfactorio”.

Todo verdadero Estado, por definición, tendría siempre un carácter orgánico. Un Estado es orgánico cuando posee un centro, y ese centro es una idea que se da a partir de sí misma, y en modo eficaz, a los diferentes dominios. No se trata de una mera imposición, sino de que como centro se imponga en definitiva la síntesis comunitaria. En virtud de un sistema de participaciones meritocráticas, cada parte en su relativa autonomía tienen una funcionalidad y una conexión con el todo. El todo sería algo identitario para con la Nación que se articula y despliega, bajo ningún punto de vista es una suma de elementos, de agregados con una desordenada interferencia de intereses. Una idea central, un símbolo de Soberanía con un correspondiente y positivo principio de autoridad como fuerza animadora. Una unidad que no tiene un carácter simplemente político, sino espiritual, de norte a seguir. Un sistema en el cual la idea no es impuesta desde lo externo, sí en base a una fuerza intrínseca de una idea común, de una síntesis comunitaria al decir de De Mahieu.

La situación de dependencia a la que están sometidos los países en vías de desarrollo no puede ser superada sin un cambio cualitativo en las estructuras internas del poder y en la forma que llevan adelante las relaciones internacionales. El principio de las nacionalidades, la igualdad jurídica de los Estados y la Soberanía en sí deben constituir las bases fundamentales para un ordenamiento sano en materia de política internacional. Y por definición misma, este delineamiento sólo puede ser llevado adelante por gobiernos nacionalistas firmes, fuertes y decididos.

Nunca podrá existir un franco estado de paz a nivel mundial mientras el respeto a la integridad de las soberanías políticas no predomine sobre cualquier otra consideración. De esta forma el Nacionalismo rompe con el esquema desnaturalizante e internacionalista tanto del capitalismo como del marxismo, y  conceptualmente los enfrenta por el sólo hecho de que ambos van en contra de los intereses nacionales.

Cualquier esquema de unidad continental siempre debe basarse en el respeto y en la defensa de los intereses de cada uno de los países en cuestión, en la eliminación radical de las relaciones de dependencia, en un freno concreto al accionar desleal de las trasnacionales, en un freno a la rapiña colonialista y al proceder a-moral de la Usura Internacional, como así también en un freno hacia aquellas ideologías disolventes y extrañas a la esencia de un Pueblo.

La Nación que se somete a una fuerza superior pierde su autodeterminación (en definitiva la cualidad primordial de su Soberanía), y pertenece desde ese momento al vencedor cualquiera sea la forma en que se pretenda disimular la conquista. Entonces LIBERACIÓN es la palabra de Orden. Liberarnos de las fuerzas de ocupación que hacen posible la explotación y la dominación colonialista. Nuestra Soberanía Política nació como Poderío de Voluntad con la Declaración de la Independencia proclamada el 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán. Y esta Voluntad fundacional se reafirma con el agregado al Acta -el día 19 de julio de aquel año- la frase “LIBRES E INDEPENDIENTES DE TODA OTRA FORMA DE DOMINACIÓN EXTRANJERA”.

La verdadera libertad de las naciones se basa en la libre determinación de los pueblos, en la Soberanía Política, la Independencia Económica y el Bien Común Social. La libertad esencial del Hombre consiste en el respeto de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Y en política internacional, entre países soberanos no puede existir la unilateralidad. Toda acción deberá estar basada en una absoluta reciprocidad de propósitos y realidades, en la buena fe, en la mutua convivencia. La Soberanía es absoluta porque define a un poder originario que no depende de otros; es perpetua porque su razón trasciende a las personas que ejercen el poder y a diferencia de lo privado es imprescriptible e inalienable.

La Soberanía Política es el Poder Absoluto y perpetuo de un Estado. Afirmar formalmente una Declaración de Independencia es lo mismo que nada; proclamar una Soberanía Política desde lo meramente discursivo o mediático es también lo mismo. Es indispensable que día a día una Voluntad Política con vocación de servicio se ponga permanentemente en acto, porque la Soberanía Política no es algo que se conquista para siempre o que se proclama en una fecha patria.

Sólo existe cuando hay dominio de lo que es propio; cuando se la mantiene contra toda forma de expoliación foránea, contra toda forma de entreguismo local cipayo, de mafias que se visten de “representantes del pueblo” y que a los fines prácticos son tecnócratas del Nuevo Orden Mundial. Gobierno, Estado y Pueblo que orgánicamente cumplen una misión en común.

Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.

LUIS ALBERTO ROMERO Y EL ANTIRROSISMO

El 9 de diciembre del 2014 se publicó en el diario Clarín un artículo del historiador Luis Alberto Romero bajo el sugestivo título ‘Delirio nacionalista: el mito del combate de Obligado’ (www.clarin.com/opinion/combate-obligado-nacionalismo-malvinas-revisionismo-historico_0_HkZ8bKPqDXg.html). Los argumentos de Romero -pluma indiscutida de la escuela historiográfica liberal- es que en Vuelta de Obligado “no se defendieron los intereses nacionales”, “no fue una victoria nacional”; que “el Nacionalismo festeja derrotas”, concluyendo que “el revisionismo concluyó convirtiendo la derrota en victoria” o que “es un mito que Rosas haya combatido al imperialismo inglés”.

En este sentido afirma: “En el núcleo del mito está la idea de que en Obligado Rosas resistió al imperialismo y defendió los intereses nacionales. Es cierto que el gobernador de Buenos Aires enfrentó a la ‘diplomacia de las cañoneras’ y defendió la soberanía de su provincia. La tergiversación consiste en identificar esta forma de imperialismo, propia de mediados de siglo XIX, con la idea posterior de imperialismo –popularizada inicialmente por Lenin– que aplicada a nuestro caso identifica toda la relación anglo argentina con la dominación y la explotación”.

A su vez sostiene: “El punto central del mito reside en la idea de que allí se defendieron los intereses nacionales. Pero en 1845 la nación y el Estado argentinos no existían. Había provincias, guerra civil y discusión de proyectos contrapuestos, basados en intereses distintos. El Combate de Vuelta de Obligado, y todo el conflicto en la Cuenca del Plata, es un ejemplo de esas diferencias. Rosas aspiraba a someter a las provincias, incluyendo a la Banda Oriental y a Paraguay, cuya independencia no reconocía”.

Estos argumentos no son ciertos. Hacia 1845 sí existía el Estado Argentino, con una primera magistratura que gobernaba conforme a una de las organizaciones políticas más trascendentales del siglo XIX, el Pacto Federal, ya establecido desde 1831 en adelante y en el marco de las guerras civiles que lamentablemente atravesaba el país.

En Vuelta de Obligado –que es lo que tanto le molesta a Romero– el Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas sí defendió los intereses nacionales. Sino ¿qué sentido tuvo pelear contra los anglo-franceses? La agresión fue la consecuencia lógica de toda una política nacionalista desplegada desde 1835 en adelante y que chocaba abiertamente contra los intereses colonialistas de la época: La Ley Nacional de Aduanas; el sistema de exclusiva navegación nacional; la liquidación del Banco Nacional (la principal entidad financiera del país administrada por la especulación y la usura inglesa); la fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires (que ponía el crédito en función de objetivos nacionales).

A lo anterior se suma el desarrollo de una política nacional agraria; el desconocimiento de la hipoteca a favor de los ingleses y que pesaba sobre nuestra tierra pública (como consecuencia de haber contraído nuestro país la primer deuda externa en 1824, en tiempos del unitario-liberal y pro-inglés Bernardino Rivadavia); la venta de tierras públicas detentadas por enfiteutas, concentradores y terratenientes siempre en relación con el capital británico (por negarse a pagar el doble de canon exigido por Rosas para renovar la concesión de sus tierras). En este sentido se había puesto en marcha un reparto más justo de tierras para la producción primaria.

A su vez, lo que el Nacionalismo reivindica de las acciones de Vuelta de Obligado es el hecho puntual y definido de la gesta heroica, la defensa de la Soberanía Nacional nada más ni nada menos que frente a las dos potencias más poderosas de la época, Inglaterra y Francia. Romero pretende referir que fue “Obligado y nada más”, y que en consecuencia los argentinos somos tontos y “festejamos una derrota”. Pero Vuelta de Obligado fue el comienzo de una serie de combates.

Luego de apoderarse de la entrada del río Paraná, la escuadra enemiga continuó su rumbo por el río estando ahora solamente reducida a 6 unidades de combate más 44 navíos mercantes. La increíble resistencia argentina prosiguió a lo largo de la costa con sendos cañonazos en Tonelero (al sur de San Nicolás), San Lorenzo (a la altura norte de Rosario) y Quebracho (al norte de San Lorenzo). Y lo peor fue la tortura del regreso por el río para arribar a Montevideo. En total quedaron incendiados siete barcos y los buques mercantes averiados arrojaban sus mercaderías al agua.

Quebracho fue la última acción de resistencia, en junio de 1846. Y lo que parecía imposible, ocurrió: Un claro y contundente triunfo político de la Causa Nacional. Inglaterra firmó el tratado de paz con la Argentina el 24 de marzo de 1849, haciendo lo propio Francia el 31 de agosto de 1850. Muy a pesar de Romero, ambas potencias reconocieron ante Rosas la total independencia del país y saludaron el Pabellón Nacional con 21 cañonazos de desagravio.

Romero sabe perfectamente que representó Vuelta de Obligado, como así también quien terminó ganando la guerra en el marco de la brutal agresión anglo-francesa de 1845 contra la Confederación Argentina. El Revisionismo Histórico, serio y analítico, en ningún momento sostuvo que en ese combate hubo una victoria nacional. Y es precisamente ese Revisionismo el que permanentemente ha buscado estructurar el relato del pasado argentino con un sentido de verdad y coherencia.

Haciendo un paralelismo con la Guerra de Malvinas, Romero cierra en su artículo: “Celebrar una derrota –como ocurre hoy en Malvinas– es la quintaesencia de nuestro enfermizo nacionalismo, soberbio y paranoico”. A pesar de su abierto prejuicio ideológico, Luis Alberto Romero tiene que saber que el Nacionalismo no festeja derrotas. Lo que el Nacionalismo y el Revisionismo Histórico hacen es reivindicar siempre la Defensa de la Soberanía Nacional, cuyos dos acontecimientos paradigmáticos sin lugar a dudas lo constituyeron Vuelta de Obligado y Malvinas.

Es decir, todos aquellos acontecimientos cargados de heroísmo que hicieron grande a la Nación, todas aquellas gestas que se libraron con la clara intención de luchar por nuestra Libertad y por nuestra Nación Soberana. Es tal como se lo manifestara el General Don José de San Martín al Brigadier General Don  Juan Manuel de Rosas en referencia al Combate de Vuelta de Obligado y en carta fechada el 10 de mayo de 1846, al sostener: “(…) En mi opinión, es de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de España”. 

La interpretación de Luis Alberto Romero sobre Vuelta de Obligado no se ajusta a la realidad. La descalificación, el anti-nacionalismo y la ideologización de los hechos le gana terreno a la creatividad imparcial que siempre debe estar más allá de las pasiones; que siempre debe estar en todo historiador sereno y con aplomo, para poder de esta manera reconstruir hechos del pasado con sentido y exactitud.

Darío Coria, profesor de Historia y Ciencias Sociales.